DRE Apurímac presenta iniciativas legislativas al Congreso de la República en beneficio económico de trabajadores del sector educación


DRE Apurímac presenta iniciativas legislativas al Congreso de la República en beneficio económico de trabajadores del sector educación

La Dirección Regional de Educación de Apurímac, que dirige el Mag. Richard Hurtado Núñez, presentó 3 iniciativas legislativas al Congreso de la República que favorecerán a trabajadores del sector educación y que serán canalizadas por el legislador Edgar Américo Ochoa Pezo, a quien se le hizo llegar las evidencias e informes que sustentan el pedido y que fueron preparados con el apoyo de los equipos de las UGEL y la DRE Apurímac.

La primera iniciativa es el reconocimiento del subsidio por luto y sepelio para docentes cesantes, que por efectos de la Ley de la Reforma Magisterial se han visto disminuidos en este rubro al haberse derogado la Ley 24029 Ley del profesorado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 19-90-ED, por lo que no existe marco legal vigente que les otorgue este beneficio.

Otra iniciativa legislativa es que se reconozca un sueldo mínimo para los promotores educativos comunitarios que realizan labor docente en los Programas No Escolarizados de Educación Inicial, PRONOEI con el sustento que la propina que reciben actualmente de 500 soles lo destinan para acciones de su propia capacitación y la subvención de otras actividades de promoción comunal en el desempeño de sus funciones para la atención de niños y niñas de Educación Inicial de contextos rurales y urbano marginales.

Asimismo se presentó la propuesta legislativa para que se autorice a los gobiernos regionales realizar modificaciones presupuestarias al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, una vez determinado los saldos de libre disponibilidad para el pago de deudas sociales en el sector educación de todos los gobiernos regionales.

Esta última iniciativa es motivada porque la Ley de Presupuesto del Sector Público 2018 restringe efectuar modificaciones presupuestarias, con lo que se estarían revirtiendo los saldos, impidiendo amortizar las deudas judicializadas en calidad de cosa juzgada como se hizo a fines del año pasado.





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