ESTAFAN A POLICÍAS: Fovipol pagó S/34 millones por viviendas que no se concluyeron en Piura y Lambayeque


ESTAFAN A POLICÍAS: Fovipol pagó S/34 millones por viviendas que no se concluyeron en Piura y Lambayeque
Contraloría detectó que proyectos para policías de Piura y Lambayeque se encuentran abandonados. El Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) -concluye el informe- favoreció indebidamente con millonarios pagos adelantados a empresas. Dos auditorías de cumplimiento ejecutadas por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional del Perú (PNP) evidenciaron que el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) favoreció con adelanto de pagos hasta por S/34.708.569 a empresas de construcción que debían sacar adelante los programas de vivienda para policías en Lambayeque y Piura; sin embargo, las casas no fueron concluidas y la infraestructura está abandonada. La Contraloría General de la República detalló que se trata de casi 1.000 hogares que no fueron entregadas a los agentes policiales aportantes a dicho fondo.

Los informes determinaron presunta responsabilidad penal y administrativa en 13 servidores del Fovipol, de los cuales 9 figuran entre los responsables de las irregularidades en los proyectos inmobiliarios La Purísima y Carlos Stein en Lambayeque.

La Contraloría recomendó al comandante general de la Policía Nacional a adoptar acciones con relación a los involucrados tanto en Lambayeque como en Piura.

El Fovipol, en el 2019, suscribió contratos de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) para dos programas de vivienda en la provincia de Chiclayo, de la región Lambayeque, por un valor de S/38.487.075, de acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 037-2023-2-3792-AC. Estos fueron denominados La Purísima y Carlos Stein.

La Contraloría advierte que ni la Ley n.° 24686 de Creación del Fondo de Vivienda Militar y Policial ni el reglamento del Fovipol, vigente a la fecha de suscripción de los contratos de fideicomiso, contemplaban facultades para la constitución de dicho mecanismo ni establecía esta figura como requisito para la ejecución de programas de vivienda.

Así, Fovipol creó y llevó a cabo su propio proceso de selección al que denominó 'Adjudicación selectiva por invitación' (ASPI), cuando en realidad debía emplear la modalidad de licitación pública, tal como exige tanto la Ley de Creación del Fondo de Vivienda Militar y Policial como su reglamento. Finalmente, eligieron al constructor encargado de ejecutar 98 casas y 100 departamentos para el proyecto La Purísima y 46 viviendas en Carlos Stein.

Otros actos irregulares se registraron cuando los responsables e integrantes del directorio y la gerencia general del Fovipol y la empresa constructora inmobiliaria modificaron las reglas establecidas luego de suscribirse los contratos para la ejecución de trabajos con el fin de propiciar adelantos de pagos.

Una de las modificaciones al contrato inicial fue la 'Cláusula adicional y de ratificación de contrato de obras', que contemplaba que el contratista solicite un adelanto del 25% del monto total de ambos proyectos y que se apliquen garantías hipotecarias sobre inmuebles de propiedad del constructor o de un tercero, lo que no estaba previsto en la Ley Contrataciones del Estado ni en la normativa del Fovipol.

La Contraloría concluye que se habría favorecido indebidamente al contratista, al incorporar una garantía hipotecaria en reemplazo de la carta fianza de fiel cumplimiento, lo que permitió que la empresa solicite el adelanto de S/9.621.769. Además, Fovipol constituyó la hipoteca por S/23.274.982 con base en la tasación del constructor cuando debía encargar su propia valorización antes de desembolsar el adelanto.

En el 2021, con una nueva gestión en el Fovipol, se hizo una nueva tasación que arrojó un valor comercial de S/3.031.804, lo que evidenció que el valor era inferior al monto del adelanto.

Viviendas para policías en Lambayeque son inhabitables
Con relación a la obra en sí, la Contraloría revela que el contratista no cumplió con el contrato, razón por la cual el Fovipol decidió resolverlo. En La Purísima, la contratista paralizó los trabajos por decisión propia, además detectaron deficiencias técnicas en la obra debido a la modificación unilateral del proyecto por parte del constructor. En Carlos Stein, a pesar del adelanto, nunca se inició la construcción.

Cuando la comisión auditora del OCI de la PNP inspeccionó las obras de La Purísima, en el 2023, solo había un avance de 40 casas de las 98, todas consideradas inhabitables, mientras que el resto de la obra está inconclusa y abandonada. Estos hechos generaron un perjuicio de S/9.621.769 y se determinó presunta responsabilidad en 16 servidores públicos del Fovipol (9 se encuentran en actividad y 7 en retiro).

La República acudió al Fovipol Chiclayo, en el que indicaron que son una filial y no ven el tema inmobiliario, sino de préstamos. El periodista Emmanuel Moreno llegó hasta la urbanización La Purísima, donde se ubican los módulos abandonados. "Este proyecto apuntaba a ofrecer a la comunidad policial un espacio seguro y bello para residir, pero hoy solo se observa casas sin terminar de construir que sirven de guarida para personas de mal vivir", detalló.

Proyectos inmobiliarios de la Policía en Piura
Tras una evaluación realizada entre el 5 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 050-2023-2-3792-AC sobre los proyectos de vivienda Las Palmeras de San Pablo en Piura y Oasis de Colán en Paita, ambos en la región piurana. Nuevamente, los funcionarios del Fovipol suscribieron contratos de fideicomiso con Cofide pese a no tener dicha facultad.

En ambos proyectos debieron ejecutarse 680 casas por un valor de S/103.189.006, de los cuales S/66.120.000 eran para Las Palmeras (456 hogares) y S/34.227.200 para Oasis de Colán (224). En este caso, se destinaron S/2.841.806 para la supervisión de obra. Todo se concretó mediante un proceso de selección ASPI cuando debió ser una licitación pública.

El OCI detectó que el desarrollador inmobiliario incumplía los requisitos de las bases, dado que presentó documentación inexacta que no acreditó su solvencia económica. A pesar de ello, el contrato fue suscrito y se estableció un plazo de 18 meses contados desde enero de 2020 para la culminación de las obras. También se modificaron las estipulaciones contractuales para permitir un adelanto de S/25.086.800 a favor del contratista sin presentar una carta fianza, a cambio de eso aceptaron una garantía hipotecaria, lo cual no está considerado en la norma.

La garantía hipotecaria, de acuerdo con una tasación posterior efectuada por el mismo Fovipol en el 2021, arrojó como resultado una posible sobrevaloración.

El valor comercial real era de S/3.807.158, pero la tasación presentada por la empresa fue de S/25.600.771. De esa manera, el adelanto fue muy alto en comparación al precio de las propiedades.

Hasta el momento de la emisión del informe, no se realizó la entrega de las 680 viviendas a los policías aportantes al Fovipol. La Contraloría concluyó que todo se originó "por el incumplimiento de las funciones y deberes de los funcionarios del Fovipol", por su actuar parcializado y contrario a la Ley de Creación de los Fondos y su reglamento.

La República llegó a las oficinas del Fovipol en Piura, donde un trabajador indicó que toda la adjudicación de proyectos inmobiliarios se lleva a cabo desde Lima. La periodista Almendra Ruesta arribó a los lotes en cuestión, de Palmeras de San Pablo, en el kilómetro 982 de la Panamericana Norte, para visualizar el avance del proyecto; sin embargo, no se le permitió el acceso.



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