Así lo señaló el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori, al explicar cómo funciona y a quiénes beneficiará el proyecto de ley al respecto que el Ejecutivo envió al Congreso de la República.
"Las universidades e institutos públicos van a brindar un conjunto de vacantes para esta modalidad que coexistirá con los exámenes de admisión, será una modalidad más y eso ocurrirá probablemente en el 2023", dijo Mori en Andina al Día.
Los beneficiarios de esta nueva modalidad de ingreso serán los estudiantes con buen rendimiento académico y sin recursos económicos para pagarse una academia de preparación. La situación de vulnerabilidad económica, señaló, se medirá mediante el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que ayuda a identificar personas o grupos poblacionales en situación de pobreza o exclusión.
La iniciativa legal enviada al Congreso comprende a universidades, institutos, escuelas tecnológicas y pedagógicas públicos. No solo promueve el acceso a la educación superior, sino que, además, garantiza la permanencia y el egreso oportuno de los estudiantes. Para ello, se modificarán algunos artículos de la Ley Universitaria agregando una nueva modalidad de admisión a las ya existentes.
¿Colegios públicos o privados?
Mori señaló que el proyecto no discrimina a los estudiantes en cuanto a si proceden de colegios públicos o privados y subrayó que lo importante es que tengan buen rendimiento académico y carencia económica para preparación pre universitaria o para rendir el examen de admisión ordinario.
"No se discrimina respecto a si vienen de colegios públicos o privados, se debe hacer una evaluación socioeconómica adecuada para beneficiar a quienes verdaderamente lo necesitan. La coordinación con los institutos y universidades es importante justamente para que no haya esta discriminación".
Pocos llegan a la educación superior
Según estudios realizados por el Ministerio de Educación, solo 3 de cada 10 jóvenes peruanos transitan de la educación básica a la educación superior, siendo una de las tasas más bajas de América Latina.
"En el Perú tenemos un reto muy grande y es saber conciliar la calidad con el acceso. Si solo das calidad y no amplías el acceso, entonces estás controlando la educación para unos pocos. Pero si das acceso sin calidad, tú estás estafando", comentó.
Según el director de Cappes, cada año las instituciones de educación superior públicas ofrecen alrededor de 60 mil vacantes y este año el Minedu prevé financiar más de 5 mil vacantes adicionales a nivel nacional, lo que incrementará el acceso a una educación superior de forma gradual y equitativa.
La posición socioeconómica se analizará mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh); sin embargo, consideró que las áreas de Bienestar de las universidades e institutos deben trabajar en ello, ya que esto permitirá identificar el perfil socioeconómico de cada postulante.
Mori saludó que se haya incluido a los institutos en el proyecto de ley y dijo que el Perú tiene una deuda pendiente con ellos. "En el Perú tenemos una inflación universitaria, el tema universitario está sobredimensionado, y más bien deberíamos impulsar la educación técnica y tecnológica porque el mercado laboral peruano así lo pide".
Estrategia con 4 componentes
La estrategia tiene cuatro componentes. El primero comprende una plataforma de orientación vocacional e identificación de aptitudes para asignar las vacantes según el perfil e intereses de los estudiantes. En el segundo se dispone la admisión de ingreso libre como una modalidad adicional a las existentes, la cual será implementada por el Ministerio de Educación (Minedu), a fin de ofrecer a la población objetivo la posibilidad de contar con varias opciones para elegir dónde y qué carrera estudiar.
Mediante el tercer componente se ofrecen becas a los ingresantes por la modalidad de ingreso libre para cubrir los gastos de manutención durante todo su tiempo de estudios (hospedaje, alimentación, traslado, laptop, titulación, entre otros), de manera que se pueda garantizar su permanencia.
Finalmente, el cuarto componente busca la ampliación de vacantes en las universidades públicas participantes y el fortalecimiento de sus servicios académicos, de nivelación y de bienestar estudiantil. Ello permitirá mantener la calidad de la oferta educativa.
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