Sin embargo, no se alcanzaron los votos para inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por diez años.
La primera conclusión del informe acusatorio obtuvo 53 votos a favor, 18 votos en contra y 9 abstenciones; mientras que el pedido para la inhabilitación fue respaldado por 55 votos a favor, 26 votos en contra y 6 abstenciones. Para aprobar la inhabilitación se requieren 65 votos.
Concluido el pronunciamiento de la asamblea legislativa, el segundo vicepresidente, Enrique Wong Pujada -quien estuvo a cargo de la conducción del debate- informó a la Representación Nacional que el expediente será enviado al fiscal de la Nación para que actúe conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Estado.
Los delitos de índole penal por los cuales tendrá que responder el exfiscal de la Nación se encuentran tipificados en los artículos 404, 405 y 370 del Código Penal, respectivamente; mientras que la supuesta infracción constitucional se refiere a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 159º, el inciso 2) del artículo 139º, el articulo 39 y el artículo 44 de la Constitución Política del Perú.
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista Rosío Torres Salinas (APP), fue quien se encargó de sustentar el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 137 y 140 (antes 322 Y 365).
A Chávarry Vallejos se le acusa, en su condición de fiscal de la Nación, de obstruir la investigación preparatoria seguida contra Keiko Fujimori Higuchi y otros; y el presunto deslacrado ilegal de la oficina del asesor del entonces fiscal de la Nación, Juan Duarte Castro, el 6 de enero de 2019.
Antes del pronunciamiento del informe acusatorio, hizo uso de la palabra el exfiscal de la Nación quien afirmó estar sorprendido por el enfoque de la denuncia y la tergiversación que se ha realizado de los hechos del "famoso caso del deslacrado" de la oficina del coordinador parlamentario de entonces.
Expuso, además, que la diligencia debió haberla llevado a cabo un fiscal supremo junto a un juez supremo y que por ello la acción referida fue ilegal. Acusó a los medios de comunicación que, según él, tendrían vínculos con el Club de la Construcción, y que no lo querían en la Fiscalía de la Nación.
El abogado defensor, Julio Rodríguez Delgado, afirmó que el informe acusatorio no tiene elemento probatorio alguno.
La denuncia constitucional fue formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, y catorce representantes de la bancada de Acción Popular del periodo parlamentario complementario 2020-2021, encabezado por el excongresista Franco Salinas López.
El informe final fue presentado el 30 de junio de 2021, y aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 20 de julio de 2021.
DEBATE
El congresista Alex Flores Ramírez (PL) expresó que se trata de un contundente informe que establece la responsabilidad del exfiscal y mencionó a una bancada que ha querido copar las instituciones, lo que ello ha hecho mucho daño al país; mientras la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP) dijo que había una «historia de blindaje que ojalá hoy pueda acabar».
Por su parte, la legisladora Gladys Echaíz de Núñez Izaga (APP) manifestó no tener claro el tema de la acusación, porque no se puede denunciar dos veces por el mismo hecho, lo que sí configuraría una infracción constitucional.
El congresista Hernando Guerra-García (FP) dijo que «se ha escuchado un informe final y exposiciones que más bien están dirigidos contra Fuerza Popular pero que se sabe que muchos de estos temas fueron patrañas inventadas".
En el debate intervinieron los legisladores Elías Varas Meléndez (PL), Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN),Pasión Dávila Atanacio (BMCN), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Juan Burgos Oliveros (AvP), Susel Paredes Piqué (NoA), Elvis Vergara Mendoza (AP), Patricia Juárez Gallegos (FP), Flor Pablo Medina (NoA), Juan Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), Jorge Marticorena Mendoza (NoA) y Alfredo Pariona Sinche (PL).
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