En un comunicado, la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) afirma que "no existen elementos de convicción para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública", conclusión a la que llega la Fiscalía después de que las investigaciones demostrasen que las firmas de las actas electorales correspondían a los miembros de las mesas.
Esta resolución zanja la demanda de Fujimori, que argumentó en reiteradas ocasiones, sin pruebas, que había habido irregularidades en el recuento de votos después de una segunda vuelta muy ajustada que dio la Presidencia del país a Pedro Castillo con el 50,125 % de los votos, frente al 49,875 obtenido por la candidata de Fuerza Popular.
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