Poderosa Maquinaria en el Congreso mide todas sus fuerzas para acabar con la Reforma Educativa y la SUNEDU



Poderosa Maquinaria en el Congreso mide todas sus fuerzas para acabar con la Reforma Educativa y la SUNEDU

PARTE DEL PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR LOS CONGRESISTAS DE UPP RAMOS ZAPANA Y MENDOZA MARQUINA Y QUE PROPONE DECLARAR EN EMERGENCIA EL SISTEMA EDUCATIVO: Nueve de los 17 miembros de la Comisión de Educación del Congreso de la República, tienen algún vínculo con los intereses de las universidades sancionadas por la SUNEDU.

Comisión con topos
Por: Américo Zambrano

Los ataques contra la reforma universitaria desde la Comisión de Educación del Congreso no son fortuitos y menos gratuitos. Detrás del sabotaje se esconde un operativo para mantener a las universidades sin licencia funcionando indefinidamente y para abrir nuevos centros de educación superior privados con fines de lucro.

La lista de intereses de nueve de los 17 miembros titulares que integran este grupo de trabajo es reveladora: cinco parlamentarios de la Comisión de Educación estudiaron, se graduaron o enseñan en universidades que perdieron la licencia de funcionamiento por no cumplir los requisitos mínimos de calidad que demanda la "Ley Universitaria".

Un sexto legislador de este grupo estudia en una institución que continúa en proceso de licenciamiento. Y otros tres parlamentarios de la Comisión de Educación tienen estrechos vínculos con personajes que están en campaña permanente contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), exigiendo la creación de nuevas instituciones, a pesar de estar prohibido por ley. Ellos son mayoría en la Comisión de Educación.

La congresista María Gallardo Becerra, cuyos ataques a la Sunedu son continuos, pertenece, por ejemplo, a la bancada de Podemos, el partido de José Luna Gálvez, también dueño de la Universidad Privada Telesup, que perdió la licencia para funcionar en mayo del 2019. Gallardo estudió Derecho en la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH), cesada en sus funciones el año pasado al no haber podido demostrar el cumplimiento de ninguna de las "Condiciones Básicas de Calidad' que exige la Ley Universitaria.

En las sesiones virtuales de la Comisión de Educación, Gallardo pidió a la Sunedu la "reevaluación" de la universidad donde ella estudió. También solicitó que la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, todavía en evaluación, mantenga su licenciamiento. Gallardo realizó estudios de posgrado en esta institución.

"Mi gran preocupación son los miles de alumnos que piden seguir estudiando para lograr terminar sus carreras y que sus universidades se licencien a través de un proceso justo e igualitario", manifestó Gallardo el pasado viernes 19. "No al abuso contra la UDCH (Universidad Particular de Chiclayo)", pretendió fustigar.

Otro con intereses conflictuados es el congresista de Unión por el Perú (UPP) Rubén Ramos Zapana. Según la base de datos del observatorio Infogob, Ramos es docente de Química Médica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Juliaca. La Sunedu denegó el licenciamiento de funcionamiento a esta casa de estudios en marzo de este año, pocos días antes del inicio de la cuarentena.

El último miércoles Ramos Tapan y su colega de bancada Javier Mendoza presentaron un proyecto de ley que propone declarar en "emergencia" y reorganizar el sistema educativo en nuestro país. El documento de Ramos y Mendoza exige la "derogatoria o modificatoria" de la Ley Universitaria y plantea la creación de una "Comisión Especial Multisectorial de Emergencia Educativa" que reforme "integralmente" el sistema de educación.

El parlamentario de Fuerza Popular Gilbert Alonzo Fernández es otro integrante de la Comisión de Educación con un claro conflicto de intereses en este caso. Alanzo estudió Ciencias Sociales en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), que perdió la licencia institucional para seguir funcionando en octubre pasado.

Alonzo -quien en las sesiones virtuales de este grupo de trabajo suele colocar como fondo de pantalla una fotografía de Alberto Fujimori y de su hija Keiko no desaprovecha la menor oportunidad para atacar a la Sunedu.

"Hay un lobby dentro de la Sunedu para beneficiar a universidades privadas en perjuicio de los alumnos y egresados de las universidades públicas", declaró el legislador fujimorista al diario "Exitosa" el pasado domingo 21. "Seguiremos en la lucha para lograr el licenciamiento de la Universidad Nacional de Ica y la titulación de nuestros egresados", reconoció Alonzo Fernández.

El congresista Julio Condori Flores, de Alianza para el Progreso (APP), también es egresado de la Universidad San Luis Gonzaga, de Ica. Cursó estudios en la Facultad de Economía y Contabilidad.

Desde su ingreso a la Comisión de Educación, Condori promueve la interpelación del ministro de Educación Martín Benavides y la intervención del organismo fiscalizador que denegó la licencia de funcionamiento a la universidad donde estudió. "El ministro ha perjudicado a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesionales. Estas denuncias sobre la entrega de licencias ya lindan con lo delictivo", manifestó Condori durante una sesión de la Comisión de Educación, a la que acudió el ministro Benavides para brindar explicaciones sobre los licenciamientos a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y a la Universidad Peruano Alemana.

Condori también votó a favor de conformar una comisión investigadora de los licenciamientos que otorgó la Sunedu.

El congresista de APP, por cierto, es uno de los más entusiastas defensores públicos de Anselmo Magallanes Carrillo, el rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica. En abril del año pasado la Procuraduría Pública de la Sunedu solicitó ante el Ministerio Público prisión preventiva e impedimento de salida del país para Magallanes y otras autoridades involucradas en una supuesta emisión de títulos fraudulentos en esta casa de estudios. El pasado martes 16 el congresista mnclueguano de Podemos Jo-han Flores se pronunció a favor de aprobar una iniciativa de ley para que el Estado proporcione un "rescate financiero" para las universidades privadas sin licencia. Entre ellas figura la Universidad Privada José Carlos Mariátegui, de Moquegua, que perdió la licencia de funciona-miento el pasado 13 de junio.

A este grupo se suma el congresista Hans Troyes Delgado, de Acción Popular. Troyes estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que aún no ha concluido el proceso de licenciamiento.

La parlamentaria del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) Julia Ayquipa Torres no registra estudios superiores, según Infogob. Sin embargo, uno de sus principales asesores, Alcibiades Manco Campas, estudió en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica, condenada al cierre por la mala calidad de su enseñanza.

Napoleón Puño Lecarnaque, otro integrante de la Comisión de Educación del Congreso, fue rector de la Universidad Nacional de Tumbes y ejerció un cargo directivo en la archipodrida Asamblea Nacional de Rectores, cuando la presidía Orlando Velásquez.

Un audio difundido en las redes sociales en el 2018 reveló que Orlando Velásquez, uno de los presuntos miembros de la organización criminal "Cuellos Blancos", ofreció a sus empleados de la desaparecida ANR un "examen facilito" para que, cuando se cerrara la ANR, pudieran quedarse a trabajar en la Sunedu.

El congresista Puño Lecarnaque, del partido de César Acuña, adelantó que presentará un proyecto de ley que busca modificar la designación del Superintendente de la Sunedu. El argumento de la bancada del empresario universitario es que, tal y como está ahora la designación, se vulnera la autonomía de las universidades.

El papel de Luis Dioses Guzmán, el presidente de la Comisión de Educación, ha sido decisivo para armar un pelotón de ataque contra el jefe de la Sunedu y el ministro de Educación. Dioses invitó a los congresistas Cecilia García y Arón Espinoza, ambos del partido de José Luna Gálvez, a las sesiones de este grupo de trabajo en las que participaron los titulares de Educación y de la Sunedu. Y García y su colega Espinoza aprovecharon la cortesía de Dioses para atacar duramente a ambos funcionarios. Están buscando refuerzos de otros lados del Congreso y los invitan a las sesiones para atacar a lo que consideran que no van con sus intereses", dice a esta revista una fuente de la Sunedu. La bancada de Podemos, el partido del dueño de la Universidad Telesup, juega un rol clave en esta trama.

"Daniel Urresti dijo que su bancada no se iba a meter con la reforma, precisamente porque hay un conflicto de intereses con José Luna. Pero esta bancada hace una cosa diferente a lo que anunció Urresti", advierte la fuente.

El presidente de la Comisión de Educación y el congresista José Luna Morales, hijo del dueño de Telesup, presentaron juntos el proyecto de ley para suspender el cobro de los peajes durante la pandemia. Y hace algunos días Dioses Guzmán sorprendió a la Comisión de Educación al poner en la agenda de debate un predictamen de ley que propuso la creación de una nueva instancia, por encima de la Sunedu, para revisar y resolver los recursos de impugnación que podrían presentar las universidades que se quedaron sin licencia.

El escándalo que generó el asunto obligó a Luis Dioses a retroceder y retirar la iniciativa.

El pasado martes 16 el presidente de la Comisión de Educación volvió a la carga: planteó debatir una propuesta para que las universidades privadas con licencia rechazada -como Telesup, de su "jefe" José Luna, la Inca Garcilaso de la Vega y Alas Peruanas- pudieran acogerse a un "Plan de Emergencia" regulado exclusivamente para ayudar a las universidades públicas sin licencia. La bancada del Partido Morado se opuso y el debate, afortunadamente, no prosperó.

Pero los intentos de la Comisión de Educación para cambiar las reglas de juego y favorecer a las universidades sin licencia no han cesado. Este grupo de trabajo ha citado ya cuatro veces al ministro de Educación entre el 15 de mayo y el 19 de junio de este año. Y dos veces al superintendente de la Sunedu Osvaldo Zegana.

La semana pasada la Comisión de Educación acordó proponer la creación de una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades e los procesos de licenciamiento de la Sunedu. Seria la cuarta investigación que afronta la Sunedu desde el 2015.

Lo que está en juego, según diversos analistas, es el negocio de la educación.

Desde que el gobierno de Alberto Fujimori aprobó una "ley de promoción de la inversión en la educación" que permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro, en 1996, el Perú se convirtió. en el segundo país sudamericano, por detrás del gigante Brasil con mayor número de universidades de baja calidad.

Este escenario empezó a cambiar en el 2018 con la reforma universitaria. En los últimos dos años la Sunedu denegó el licenciamiento de 44 universidades y dos escuelas de posgrado. Entre ellas se encuentran la Universidad Privada Telesup, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Alas Peruanas.

La reforma parecía avanzar viento en popa hasta hace pocos meses, cuando grupos políticos vinculados a los dueños de universidades privadas tomaron las riendas de la Comisión de Educación del Congreso con una agenda bajo el brazo: mantener a las universidades que obligaron a echar el candado operando indefinidamente. Y reducir los plazos para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas a 120 días. Esto, eventualmente, podría también servir para que, aquellas que fueron obligadas a cerrar, vuelvan a levantar la reja con una razón social diferente. La Sunedu solicitó una "reflexión profunda" al Congreso paro frenar cualquier propuesta que atente contra la ley universitaria. Sin embargo no brindó ninguna aclaración sobre la norma que amplía el plazo de cese de las universidades con licencia denegada de dos a cinco años. Un vocero del Ministerio de Educación dijo a este semanario que la medida buscaría ayudar a que los centros de estudio sin licencia cumplan con sus obligaciones a tiempo y que miles de alumnos afectados por la pandemia del covid-19 puedan concluir sus carreras.

Pero esta extensión significaría también que universidades como la Inca Garcilaso de la Vega y Alas Peruanas puedan seguir expidiendo cartones en el mercado laboral y lucrando durante cinco años más.

La Sunedu señala que existen una serie de requisitos para ampliar el periodo de cierre de un centro de estudios sin licenciamiento. Y sostiene que la Universidad Privada Telesup, del fundador del partido Podemos, no podrá acceder a este beneficio porque se encuentra inmersa en un proceso sancionador por incumplir, también, el reglamento del cese de actividades. Quizá esto explique las últimas movidas en la Comisión de Educación minada de "topos".

Informe: Hildebrandt En Sus Trece
www.hildebrandtensustrece.com





Recibe directamente las noticias ingresando tu correo:

(Le llegará un mensaje para confirmar la suscripción.)
Con tecnología de Blogger.