Los difíciles caminos de la constitución para adelantar las elecciones: Propuesta del presidente Vizcarra necesita que al menos 66 congresistas voten a favor de adelantar los comicios generales. Si no se consigue este respaldo, se complica el planteamiento del jefe de Estado. Especialistas coinciden en que la medida respeta la Constitución aunque superar las tensiones será un nuevo reto. Vizcarra habría preferido la legitimidad ante la población.
La propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales al próximo año abre paso a nuevas pujas del Gobierno y el Congreso en un asunto en el cual la calle ya se ha hecho sentir. Los caminos que la Constitución establece no excluyen las tensiones, según coinciden expertos consultados por La República.
Vizcarra planteó reformar la Constitución para adelantar las elecciones. En su propuesta, esta reforma debe aprobarse en el Congreso y luego ratificarse en referéndum por la población. Este camino se basa en el artículo 206 de la Constitución. Este dice que puede reformarse este documento, máxima normativa del país, con una votación a favor de la mayoría absoluta de los congresistas, es decir, 66 votos al menos, y luego tener respaldo mayoritario en referéndum.
Otra ruta constitucional es que el Parlamento la apruebe en dos legislaturas, con más de dos tercios de votos a favor, es decir, al menos 87 votos, cada vez. En este caso ya no habría referéndum. Para que las elecciones sean el próximo año, tendrían que hacerse dos legislaturas del Congreso en lo que queda del 2019. Este no es el rumbo planteado por Vizcarra.
Conseguir los 66 votos del Parlamento será un nuevo reto, con tensiones que pueden escalar ante una población en mayoría desconfiada de los políticos.
De hecho, ha sido el impasse con las reformas políticas, aprobadas en el Parlamento con controversiales enmendaduras, lo que nos ha llevado a esta nueva situación crítica, según coinciden diversos expertos.
"La tensión dada la obstrucción parlamentaria a las reformas generó falta de gobernabilidad para que el Ejecutivo pueda llevarlas adelante. Ante esto, ha decidido el presidente adelantar elecciones y que el pueblo soberano decida quién será la nueva mayoría parlamentaria y quién ejercerá la presidencia", dice el abogado constitucionalista César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional.
Expertos opinan
Los especialistas coinciden en que la propuesta se ciñe a lo que establece nuestra Constitución y es un gesto audaz, principista y de grandeza del presidente, porque él también deja el poder.
"Es una medida que puede ser considerada extrema desde el punto de vista de la oportunidad política, pero que no es contraria a la Constitución. Sigue los cauces constitucionales y busca la incorporación en la Constitución de este adelanto de elecciones generales", aduce la abogada constitucionalista Elena Alvites, profesora de la Universidad Católica (PUCP).
Sin embargo, en este cauce constitucional puede haber una dura roca que obstaculice el avance: que los congresistas se nieguen a aprobar la reforma en primera votación, necesaria para que vaya a referéndum.
"En ese caso, el oficialismo tiene que realizar una negociación política. La clave es que el presidente lo planteó como un asunto que compromete a todos los políticos en el gobierno, poniendo al país por encima de los intereses partidarios. Y si el Congreso se opone, se verá como mezquino y creo que no están dispuestos a que ello ocurra", dice el abogado Pedro Grández, docente de la Universidad de San Marcos y la PUCP.
Las bancadas de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Liberal, Acción Popular y Unidos por la República, que apoyarían esta reforma, suman 52 votos, lejos de los necesarios 66 respaldos congresales.
En su mensaje, Vizcarra consideró "que la confianza solicitada para las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos". Como segunda confianza rechazada desde el 2016, hubiera dado paso a la disolución del Congreso, según diversas voces. Sin embargo, Vizcarra prefirió otra ruta que requiera una nueva decisión de los parlamentarios.
"Si hubiera cerrado el Congreso, él hubiera podido aprobar las reformas en cuatro meses, porque el Parlamento ya no funciona. Podría haber asumido ese poder soberano, pero por razonabilidad y proporcionalidad de la democracia, mejor dilatar la reforma a condición de que se haga con consensos democráticos buscando la voluntad popular", explica Landa.
En ese sentido, Vizcarra le dio mayor peso a la legitimidad que a la legalidad para afrontar la crisis con el Poder Legislativo.
Si, pese a todo, el Congreso no aprueba adelantar elecciones, otra opción es que Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Aráoz renuncien. Ante esto, la Constitución dice que se hagan comicios generales, pero el fujimorismo tendría mayor poder.
"De ser así, en el proceso de nuevas elecciones, Olaechea, presidente del Congreso, asumiría funciones de jefe de Estado, mientras que Karina Beteta, vicepresidenta del Parlamento, sería la presidenta del Legislativo", adelanta el abogado Luciano López, profesor de la Universidad San Martín y la PUCP.
Una figura que vuelve a complicar el ajedrez político actual.
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