El ministro de Educación habla sobre el impacto fiscal de elevar los salarios de los maestros y la necesidad de darle autonomía a las escuelas del Estado, tal como propuso la CADE por la Educación para transformar el sistema: El ministro de Educación, Daniel Alfaro, conversó con SEMANAeconómica sobre algunas de las conclusiones y recomendaciones planteadas en septiembre pasado por César Guadalupe, presidente de la CADE por la Educación. Alfaro cuenta su apuesta por reforzar la meritocracia en el magisterio y revalorizar la carrera docente a nivel social y económico, pero respetando la estabilidad de la caja fiscal.
¿Cómo definiría la relación actual del Minedu con el magisterio?
Queremos fortalecer lo que ha venido trabajando el Minedu bajo la meritrocracia, que es un enfoque que le da mayor predictibilidad al desarrollo docente, basado en la acumulación de sus competencias. Mientras más experiencias ganen, son reconocidos en diferentes escalas salariales. Nuestra posición es a favor de la reforma y la meritocracia, pero queremos dar un paso más allá: el desarrollo integral docente. Acabamos de publicar nuestro modelo de escuelas superiores pedagógicas [públicas] para enseñar por competencias. Si el currículo nacional es ahora por competencias, entonces la educación superior de los docentes también debería serlo. Nosotros sostenemos en el Minedu que el gran agente de cambio de estos 200 años, y que nos llevarán a soñar con 200 años más de historia, es el docente. Ese factor de cambio central debe ser reconocido por todos los agentes de la sociedad: empresa privada, Estado y sociedad civil. Con eso tenemos un puente más sólido para llegar a él. Acatar la huelga es una decisión que toman los docentes sobre la base de qué tanta confianza tengan en que el Estado no sólo se preocupa por su situación actual, sino va a trabajar por mejorar su situación en el tiempo. Si perciben que el Estado está cerca y trabaja para ellos teniendo en cuenta su vocación y el impacto que tienen en el sistema educativo, en esa medida las huelgas se van a reducir. Este año hemos tenido una clara evidencia de eso. La huelga indefinida no llegó ni al 5% y sólo duró dos semanas. El interés superior del niño primó y se logró que el diálogo entre docentes y ministerio se fortalezca. Esto se va a fortalecer aún más el próximo año, porque ya hemos reservado para el presupuesto del 2019 un nuevo aumento del piso salarial de S/2,000 a S/2,200 en dos tramos.
¿Qué aprendió el Minedu en el manejo de las huelgas tras la experiencia del 2017?
Uno es el reconocimiento de todos los docentes en las figuras de sus líderes regionales y el acercamiento a ellos. Nosotros hemos empezado a hacer muchos viajes y en todas nuestras agendas está reunirse con los líderes gremiales de cada región. A veces los líderes son hasta tres y nos reunimos con todos. Lo segundo es cumplimiento de acuerdos. Toda la agenda del 2017 se ha cumplido en los momentos que toca cumplir. Y no sólo quedó ahí, sino que el presidente [Vizcarra] dijo desde el inicio que vamos a seguir apoyando el incremento salarial.
El Minedu venía trabajando en un estudio sobre las perspectivas de incrementar los salarios al 2021. ¿Cuáles fueron los hallazgos de ese estudio?
Nos permitió sustentar al MEF el incremento salarial del 2019. Construimos un modelo en el que podemos predecir a futuro cómo se va a mover la masa salarial, tanto con ingresos de nuevos nombrados como egresos por jubilación. Proyectamos diferentes escenarios y uno de ellos era incrementar [el piso salarial] a S/4,150. Eso implica que este ministerio tenga S/12,000 millones más anuales en su presupuesto. Este año tuvimos S/3,000 millones más y hemos sido el sector al que le han dado más recursos. Nos faltarían S/9,000 millones para llegar a S/4,150. Ese dinero representa el presupuesto de diez ministerios, incluido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Llegar a S/4,150 es inviable por la caja y la disciplina fiscal que tenemos. A la mayoría de docentes les hemos comentado eso y lo han entendido. También lo hemos dicho en las comisiones de Presupuesto y de Educación del Congreso. Si bien el Estado quiere llegar a S/4,150 [de piso salarial] al 2021, por temas de caja fiscal no se podría. Pero eso no significa que dejemos de incrementar salarios. Por eso planteamos otros escenarios: uno de ellos es el incremento en S/200. Esto lleva el promedio a S/2,500, porque son escalas.
El Minedu ha establecido que el sector privado también puede implementar centros de formación técnico productiva. ¿Cuál es el objetivo?
Las modificaciones que hicimos tienen dos finalidades: fortalecer los Centros de Educación Técnico Productiva (Cetpro) con títulos más pertinentes, es decir, que lo que se enseñe esté conectado con la necesidad laboral y productiva. Cuando nosotros vemos el Cetpro y su conexión con el mercado, pasa por actualizar las mallas curriculares y por fortalecer mejor a los docentes. Todas las carreras van a estar alineadas al catálogo nacional de oferta formativa que utilizan los institutos tecnológicos. Con esto fortalecemos más de 200,000 alumnos que están inscritos en los Cetpro. El 85% llega solamente al título de asistente técnico. Cuando lleguen al nivel técnico lo podrán convalidar en un instituto superior tecnológico y así poder estudiar lo que falte para el siguiente grado, que es el de profesional técnico. Entonces se les da transitabilidad: lo que se estudia en un Cetpro sirve para poder seguir abriendo competencias a lo largo de la vida y que sean reconocidas por el Estado. Los Cetpro pueden tener una participación del privado gestionándolos, en tanto son parte del sector educación y gestionan un servicio educativo.
A veces el sector queda atrapado en los problemas cotidianos y aparece el riesgo de que se pierdan de vista reformas estructurales de largo plazo. ¿Ha ocurrido eso en su gestión?
Creo que siempre hay que encontrar una combinación de atender el corto plazo porque es necesario darle seguridad a las políticas públicas, que no exista una desconfianza sobre todo entre los padres de familia y el servicio que damos. Pero el otro 50% debe estar enfocado en las reformas de largo plazo, porque la educación es una política de largo plazo siempre. Un tema importante es el aseguramiento de las condiciones básicas de calidad. La Ley de reforma universitaria comenzó hace cuatro años, pero su real momento, su hora más crítica la está comenzando a vivir ahora, con el cese progresivo de universidades que no cumplan con las condiciones básicas de calidad. Y estamos retomando el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica para combatir la informalidad. Cualquier padre de familia puede tener la seguridad de que, sin importar la institución que elija, cumple condiciones básicas de calidad si está certificado por el Estado.
César Guadalupe planteó fortalecer la supervisión y crear un proceso de licenciamiento para las escuelas públicas y privadas como el de las universidades. ¿Va a impulsar esa reforma?
Ése es el reglamento de instituciones educativas privadas. Lo que va a buscar es optimizar la supervisión que nosotros tengamos de la básica, agrupando diferentes normas que ya existen para tener una norma más sólida y más consolidada. Lo que nos preocupa de la educación básica es la informalidad. Estamos unificándolas para darles mayor predictibilidad y les estamos dando más fuerza a la regulación que deben tener las UGEL a la hora de regular a los privados. A eso se refiere César Guadalupe al hablar de trasladar esta experiencia en la superior a la educación básica.
La CADE por la Educación concluyó que el Minedu debería darle mayor autonomía a las escuelas. ¿Sentará las bases para iniciar esa transformación?
Ese tema lo hablamos mucho con el Consejo Nacional de Educación y estamos totalmente alineados en esa necesidad. La mejora de la calidad parte de la autonomía de las escuelas, pero tenemos que darles las herramientas para que puedan mejorar, porque si solamente les damos autonomía y no las herramientas, simplemente estaríamos distribuyendo precariedad. La idea es hacer una política que les dé ambas cosas y eso pasa por un registro de instituciones educativas, que es la primera reforma de largo plazo. Estamos haciendo que todas las instituciones educativas tengan un solo código modular que da diferentes servicios: inicial, primaria, secundaria o solo uno de ellos, dependiendo de la necesidad del territorio, de modo que podamos hacer seguimiento a la gestión institucional y a todos los servicios que dan, pero desde una sola gestión para optimizar procesos. Eso permite que exista un director de todo este proceso, como pasa mucho en las escuelas privadas. Va a poder hacer sinergias, conectar los estudios de la primaria con la secundaria. Es decir, lo que recibe la secundaria en cuanto a calidad es la formación que ha ocurrido en primaria y en inicial. Entonces, va a poder establecer mecanismos de aprendizajes a lo largo de la vida y más sostenibles entre sus diferentes servicios.
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