Gerencia Regional de Control de Piura acreditó dos comisiones: La Contraloría General inició simultáneamente dos auditorías de cumplimiento en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) Ayabaca y Morropón, que dependen del Gobierno Regional de Piura, a fin de determinar si los abonos efectuados por estas entidades al personal docente nombrado y contratado durante los años 2015 y 2016 se hicieron conforme a la normatividad vigente.
Esta labor se produce luego de la recopilación y procesamiento de información para fines de control a ocho UGEL del departamento respecto al proceso de pagos, a cargo de un equipo especial de auditores.
En mérito a esta información y a las denuncias que se han presentado en torno a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, el órgano de control dispuso la acreditación de dos comisiones para la auditoría de cumplimiento, la cual abarcará el período de 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.
Mediante los oficios 01035-2018-CG/GRPI y 01036-2018-CG/GRPI se comunicó a los titulares de las entidades el inicio de estas acciones, con el objetivo de que se brinden las facilidades del caso para el logro de las metas previstas. Los resultados se conocerán en los próximos meses.
La acción de control ha coincidido con la intervención a la UGEL de Ayabaca por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, en razón de lo cual se trabajará de manera conjunta.
La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo, técnico y profesional de las operaciones, procesos y actividades financieras, presupuestales y administrativas, que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del sistema de control han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de su función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado.
Como se recuerda, el órgano de control identificó una presunta responsabilidad civil, penal y administrativa en 72 personas, entre exfuncionarios y exservidores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara al término de una auditoría de cumplimiento que reveló, además, irregularidades en el proceso de pagos al personal durante el periodo 2015-2016, ocasionando un perjuicio económico a la entidad de S/ 2'761,588.85.
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