Desde el año pasado, además de Juanita Mendoza y Eyvi Ágreda, otras 15 mujeres han sido atacadas con combustible. En lo que va del 2018, ya se cuentan 70 feminicidios y 144 tentativas. A pesar de la gravedad de la violencia contra la mujer, existen sectores conservadores que buscan sabotear la aplicación del enfoque de género. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pronuncia sobre el tema.
La Defensoría del Pueblo califica el feminicidio como el uso de la violencia extrema para destruir a la mujer. El panorama es preocupante.
Es extremadamente preocupante. Todos los indicadores revelan que no estamos avanzando mucho, que nuestra institucionalidad no es suficiente para detener esta lacra. Aquello que hemos diseñado para luchar contra la violencia de género no está dando resultados.
El Estado ha fallado en prevenir la violencia, en evitar que aumente, pero algunos dicen que el problema solo es más visible, que hoy se denuncia más.
No hay evidencia de que eso sea así. No hay un dato duro que diga que ahora simplemente hemos corrido el velo. De un tiempo a esta parte, con toda razón, a las mujeres se les han reconocido derechos. Hay una reacción de un sector machista que tiene una mirada completamente equivocada, que busca someter, agraviar y mantener un status anterior.
¿Existe debilidad desde el Estado al aplicar el enfoque de género? Algunos congresistas prácticamente han amenazado al ministro de Educación...
El enfoque de género es un enfoque de igualdad de derechos. Nadie que se sienta realmente demócrata puede rechazarlo. No podemos tener funcionarios haciendo equilibrio, hablando a media voz respecto del enfoque de igualdad de derechos. Hay que decirlo con todas sus letras, en todos los niveles.
En el currículo, en los libros...
La Defensoría creará una comisión para revisar todos los textos escolares. Ya se han detectado textos claramente tóxicos que están a contramano de un enfoque de derechos y que deben ser retirados.
El Ejecutivo ha respondido a la violencia de género creando comisiones.
El presidente (Martín) Vizcarra ha dicho que la violencia contra la mujer será una política pública central y de primer orden en su gestión. Eso es fundamental. Sin embargo, esa comisión solo se justifica si se identifica qué está sucediendo, por qué está sucediendo y qué debemos hacer para que no siga sucediendo. Hace 15 años tenemos Centros de Emergencia Mujer y protocolos policiales. Nada hace suponer que las cosas van a cambiar si replicamos lo mismo.
No ha funcionado la prevención. Y en la reacción, la Defensoría reporta solo 58 sentencias por delitos de violencia contra la mujer.
Existen ciertos estándares internacionales que han sido recogidos en la normatividad nacional, pero que no se conocen, se conocen o no se aplican, o se conocen pero existe un lastre ideológico que hace que no se apliquen.
Por otro lado, lo que el Congreso ha hecho es incrementar penas y retirar todo lo que diga género de las leyes.
El Código Penal tiene más modificaciones que artículos. Hay un cierto populismo penal, no solo de congresistas, sino de jueces y de la sociedad, que hace pensar que una pena fuerte soluciona el problema. Las modificaciones tienen que ser funcionales. Es urgente que el Congreso apruebe una ley contra el acoso sexual, que es la antesala de una agresión que viene luego en escalada y puede terminar con la muerte.
Y sobre el enfoque de género...
El Congreso es un espacio político. No se puede pretender que haya una sola visión. Las batallas políticas, en el sentido noble del término, se tendrán que dar allí. Quienes tengan una visión conservadora, ese es el espacio para que la planteen. Quienes tengamos otra posición, daremos nuestro punto de vista. Trataremos de convencer y vencer.
Los políticos conservadores tienen que ser derrotados en el Congreso.
En todos los espacios. Esa es la visión de un demócrata, no acallar, sino convencer.
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