Olla de intereses (Marilú Martens)


Olla de intereses (Marilú Martens)

"No podemos permitirnos nuevamente que intereses políticos particulares y sindicales dirigidos por la estrategia de confrontación sin negociación nos empujen a una huelga que lleve a nuestros estudiantes a perder meses de clases". La lección más valiosa que dejó la última huelga magisterial es que en ella se manifestaron, por igual, intereses legítimos para la mejora de la calidad educativa y beneficios para el magisterio, así como intereses particulares totalmente ajenos a los objetivos anteriores, en donde se vio favorecido uno u otro grupo que, a su vez, se disputaban los réditos políticos entre uno u otro representante. También se logró el consenso nacional de que la meritocracia es la principal herramienta para potenciar nuestro magisterio y alcanzar la mejora de la calidad del servicio educativo para todos nuestros estudiantes.

Es en ese sentido, la huelga indefinida anunciada para hoy por el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, que tiene la misma estructura sindical del Conare, liderada por Pedro Castillo, vuelve a repetir la misma estrategia aplicada en el 2017; una estrategia de confrontación sin negociación. Ha pasado cerca de un año en que se les escuchó y reiteradamente se les indicó el procedimiento de formalización de su comité de lucha de manera que pudieran actuar dentro del marco de la ley, pero siguen en la misma informalidad.

Es importante señalar que, de acuerdo a ley, al Ministerio de Educación le corresponde negociar las demandas de alcance nacional con el único sindicato de representación nacional reconocido por el Ministerio de Trabajo, que es el Sutep, y que, desde el 2006 en adelante, las negociaciones de los pliegos de reclamos se hicieron con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sutep. Existen compromisos que el Estado tiene con la educación (en calidad educativa, en infraestructura, entre otros), y estos no se contraponen a las justas demandas que pueden tener los docentes. Pero estos grupos más radicales usan la táctica de confrontación sin propuestas educativas, sin proyectos para la mejora de la calidad de vida del maestro. Ello se explica porque tienen como objetivo central la generación de una crisis política que no solo se circunscriba al sector Educación sino al Gobierno.

Por ello, es importante que tracemos una línea clara en los consensos que el Perú ya alcanzó cuando hablamos de educación: la inversión en educación es el pilar de nuestro crecimiento y desarrollo sostenido, es uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad. La mejora de la profesión docente es una tarea a la que debemos abocarnos como país, para esto es importante mantener la senda de mejoras salariales ya iniciada, acompañándola con evaluaciones sólidas y pertinentes. La meritocracia es el reconocimiento y la valoración al compromiso, competencias, esfuerzo y resultados en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Es la principal herramienta para desarrollar y fortalecer el potencial de nuestro magisterio. No es posible desarrollar una reforma al margen del fortalecimiento docente.

Los gobiernos regionales son los responsables de la gestión educativa regional. Por lo tanto, en salvaguarda del cumplimiento del derecho fundamental y esencial de los estudiantes deben asumir un rol firme y decidido en el manejo del diálogo con los gremios regionales para garantizar el servicio educativo. En el contexto de una huelga, los más perjudicados son los estudiantes. Por esto, el gobierno nacional y los gobiernos regionales, en un trabajo articulado, deben garantizar el restablecimiento del servicio educativo logrando los objetivos programados en el año escolar.

En este escenario es crucial que los docentes, la clase política, los padres de familia y el público en general cumplamos con dos conductas responsables en nuestros roles como actores o espectadores en estas huelgas: (1) identificar y separar los intereses políticos y particulares que son mezclados en la misma olla con los reales objetivos que buscan beneficiar a todos y (2) respetar el consenso alcanzado sobre la educación de nuestra niñez y juventud como el interés más importante.

No podemos permitirnos nuevamente que intereses políticos particulares y sindicales dirigidos por la estrategia de confrontación sin negociación nos empujen a una huelga que lleve a nuestros estudiantes a perder meses de clases. Ese posible daño sería intolerable. Todos los actores debemos salir al frente y defender la educación de nuestros estudiantes y evitar que se tome a la educación como pretexto para generar crisis política.

*La autora del presente artículo fue titular de Educación durante la última huelga magisterial, en el 2017.




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