San Marcos se suma a las más de 10 universidades que han retirado a catedráticos mayores de 70 años, como exige la ley. Hay serios problemas: La Ley Universitaria establece los 70 años como edad máxima para ejercer la docencia en las universidades públicas de todo el país. Pasada esa edad, el profesor solo podrá hacerlo bajo la condición de "extraordinario" y no deberá ocupar cargo administrativo.
A los tres años de la ley, diversas universidades públicas se han adecuado a la polémica medida. Hasta marzo pasado, como lo informó La República, al menos 10 de las 31 universidades públicas con autorización definitiva habían cesado a sus maestros. Entre ellas estaban la San Antonio Abad (Cusco), la San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), la del Centro del Perú (Junín), la Jorge Basadre (Tacna) y la Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque).
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también acata la disposición, y dentro de su estatuto (reglamento) ha establecido la salida de sus docentes, pero de manera progresiva: este año cesarían a los mayores de 80 años; el próximo, a los de 75, y en el 2019, a los de 70.
Así, en estos tres años, un promedio de 900 catedráticos deberán abandonar la universidad por límite de edad, informó su rector Orestes Cachay.
Desde julio pasado, los profesionales mayores de 80 años dejaron de dictar clases en las facultades de Medicina, Biología, Medicina Veterinaria, Letras y Ciencias Humanas, entre otras. "En Educación, por ejemplo, se tiene que ir la mayoría. Pero no tenemos cómo reemplazarlos inmediatamente, lo cual generará una situación de ingobernabilidad", advierte el rector.
Este primer grupo estuvo integrado por 60 docentes, pero hasta fin de año se estima que serán más de 120. "Ese otro bloque será en diciembre, cuando otras facultades culminen su ciclo anual. No podemos dejar a los alumnos sin que acaben sus cursos".
Piden modificar norma
La Ley Universitaria indica que los catedráticos mayores de 70 años podrán pasar a la condición de "extraordinarios", previa evaluación y bajo condiciones establecidas por la institución. Sin embargo, en la misma norma se señala que esta categoría no podrá superar el 10% del total de maestros que dicten en el semestre.
De otro lado, el artículo 84 dice que "la universidad está facultada a contratar docentes" a fin de cubrir las plazas de los cesados. "Debemos contratar a maestros que cubran a los profesores investigadores que han sido cesados. Pero deben tener el grado mínimo de maestría, y no encontramos profesionales que cumplan con los requisitos. El mercado no responde", indica Cachay.
Ante los cuestionamientos generados por esta medida, en el Congreso existen al menos seis proyectos de ley que plantean modificarla. El más reciente, presentado por Acción Popular en junio pasado, propone que no exista una edad límite. La iniciativa hace referencia a la capacidad intelectual de los maestros.
Otros proyectos, que cuentan con el respaldo de las autoridades de San Marcos y de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), plantean que el cese se aplique a partir de los 75 años o más. "Se podría implementar un reglamento para evaluar las características físicas, mentales, o el nivel de investigación de los catedráticos", indicó el presidente de la Fendup, Atilio Mendigure.
A su vez, solicitan que el gobierno destine un fondo de financiamiento para que los maestros cesados reciban una jubilación justa. La mayoría solo percibiría 700 u 800 soles mensuales, según sus aportes.❧
ADECUACIÓN
exigencias. Según la Ley, los docentes que no cumplan con los requisitos establecidos, una vez que la norma entrara en vigencia, tienen hasta 5 años para adecuarse. De lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponde o concluye su vínculo contractual.
Denuncian dificultades para licenciamiento
La UNMSM y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) informaron que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) les pone trabas para concluir el proceso de licenciamiento.
"Cumplimos con 40 de los 45 indicadores, pero nos exigen requisitos que no están en las normas, como listas de asistencia o el nombre de la universidad en la puerta... Pero, ni nuestro cerco perimétrico, ni nuestros ingresos son definitivos", dice Cachay.
Ambas instituciones señalan que carecen de recursos para la mejora de laboratorios y equipamiento. "En el caso de las universidades públicas, que dependen del Estado, el proceso de licenciamiento tiene que ser paralelo al otorgamiento de recursos", afirma la UNI.
Solicitan el cumplimiento de la homologación salarial de los docentes con los de los magistrados del Poder Judicial.
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