En cumplimiento del marco legal, el MINEDU emitió la Resolución de Secretaría General N.° 081-2023, con la cual señala que el único sindicato facultado para el inicio de la negociación a nivel descentralizado en el sector Educación es el SUTEP, por lo que con el Oficio N.° 01201-2023 se convoca a nuestra dirigencia para la instalación de la mesa de trato directo.
¡Por el 6 % del PBI para Educación!
En el Proyecto de Convenio de Negociación Colectiva nuestro sindicato ha planteado como primer punto de exigencia la asignación del 6 % del PBI al sector Educación, como manda el Art. 16 de la Constitución, conquista del SUTEP tras 18 años de lucha en las calles y en el terreno político.
El 6 % del PBI es una exigencia histórica del magisterio peruano, necesaria para equiparar la inversión del Estado al promedio en Sudamérica, con lo que será posible atender la brecha de infraestructura educativa, equipamiento, acceso a tecnologías, soporte emocional y alimentario para las y los estudiantes y mejor capacitación docente.
El gobierno del corrupto Castillo asignó para este año el 4.1 % del PBI, 0.1 % menos que lo designado en el 2022, pese a la urgencia que representa resolver, por ejemplo, la falta de servicios básicos en el 60 % de escuelas públicas o el riesgo de colapso en el 50 % de locales educativos a nivel nacional.
Plataforma de lucha
¿Qué plantea el SUTEP en la negociación colectiva 2023-2024? Exigimos el nombramiento docente anual en una sola etapa, frente al incumplimiento por parte del Estado en el desarrollo de los procesos de evaluación y nombramiento de acuerdo a lo señalado por la Ley de la Reforma Magisterial, frustrando las expectativas de casi 300 mil maestros para ingresar a la Carrera Pública Magisterial.
Recordemos que la pandemia de Covid-19 frustró el proceso de nombramiento el 2020; en el 2021 el gobierno de Castillo, y su inepto ministro Gallardo, traficó con la prueba y el año pasado el proceso también se canceló por incompetencia del exministro Serna, quien estuvo más ocupado en cumplir la agenda política de la organización de fachada a la que representa.
Otro punto prioritario es la reglamentación de la Ley 31495, ley para el Pago de la Deuda Social del 30 % sin judicializar. La norma fue conquistada por el SUTEP y promulgada el 25 de mayo del 2022 por el Congreso de la República ante la negativa de Castillo y su cúpula corrupta. Sin embargo, hasta el momento no se reglamenta postergando este derecho, justamente conquistado por nuestro sindicato.
Exigimos también el aumento de pensiones para los compañeros cesantes y jubilados, quienes han sido olvidados por los diferentes gobiernos de turno, percibiendo montos que no cubren la canasta básica ni responden al encarecimiento del costo de vida.
El SUTEP demanda la creación de un Régimen Especial de Jubilación y Pensiones para el magisterio, que permita equiparar la pensión a una Remuneración Íntegra Mensual - RIM de primera escala para los compañeros cesantes y jubilados en la actualidad, y calcular la pensión de los futuros cesantes y jubilados en relación a sus ingresos de los últimos cinco años dentro de la Carrera Pública Magisterial.
En nuestra plataforma de lucha para el 2023 se incluye el reconocimiento de años de contrato como parte del tiempo de servicios al momento de ingresar a la Carrera Pública Magisterial, derecho que debe ser recuperado a favor del magisterio, tal como se señalaba en la Ley del Profesorado.
Otras demandas
Nuestro sindicato lleva a la Negociación Colectiva otras demandas como el establecimiento de una Escala Remunerativa para auxiliares de educación; el cumplimiento del pago de la bonificación por estudios de postgrado, señalado en la Ley de la Reforma Magisterial y la conversión de plazas de Educación Física para el nombramiento.
Del mismo modo, que el Estado asuma la responsabilidad integral de ofrecer alimentación a los escolares, avanzar en la creación de Ugel bilingües y la recategorización de las escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
Es tarea del magisterio unir esfuerzos en torno a la Plataforma de Lucha y defender su atención y cumplimiento por parte del Estado, sin desmayar en la defensa cerrada de la educación pública, gratuita y de calidad frente a todo intento privatizador o de municipalización.
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