Gobierno rechaza bachillerato automático aprobado por el Congreso



Gobierno rechaza bachillerato automático aprobado por el Congreso
Poder Ejecutivo considera que iniciativa impulsada por Congreso va en contra de la Constitución. Legislativo sostiene que busca agilizar la obtención de ese grado académico. A inicios de abril, el pleno del Congreso de la República aprobó la iniciativa legislativa que pretende nuevamente que el bachillerato universitario sea automático, como era antes de la reforma universitaria que se realizó en el 2014.

Tras la aprobación, el Parlamento envió la autógrafa de la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, pero eso no sucedió. Por el contrario, la presidenta Dina Boluarte observó la medida y con ello la iniciativa retornó a manos del Congreso, que deberá definir si insiste, modifica o archiva la iniciativa que fue aprobada con 100 votos en el pleno.

La ley universitaria establece que para obtener el grado académico de bachiller los universitarios deben haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.

Precisamente la elaboración del trabajo de investigación para obtener el bachillerato actualmente se encuentra suspendida hasta fines de este año. Es decir, quienes terminan la universidad hasta el 31 de diciembre obtendrán dicho grado académico de manera inmediata. Ahora esto se haría permanente.

En el dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Congreso se mantenía la realización de dicho trabajo de investigación, pero se le daba la potestad a las universidades de decidir si es que se hacía como parte de la currícula, como un curso más del pregrado en el último semestre de estudios.

Sin embargo, en el debate en el pleno se planteó un nuevo texto en el que se elimina la obligatoriedad del trabajo de investigación y se reemplaza por un "curso de trabajo de investigación que se sigue en el último semestre de estudios de cada carrera". Es decir, el bachillerato se obtendrá nuevamente de manera automática.

"La exigencia del trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller se ha incorporado como parte de los estudios de pregrado, en el último semestre académico, esto con la finalidad de agilizar la obtención del citado grado académico sin que ello importe afectar sus competencias profesionales necesarias para la óptima inserción laboral del graduando", se planteó como argumento de la medida.

¿Por qué el Gobierno se opone al bachillerato automático?

El último fin de semana, el Gobierno remitió al Parlamento el documento por el cual observa la iniciativa legislativa, pues considera que eliminar el requisito de aprobar un trabajo de investigación para alcanzar el grado de bachiller va en contra de los fines establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú respecto del cumplimiento de los fines la educación universitaria.

Dicho artículo desarrolla los fines de dicha etapa educativa, y señala como tales a la "formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, y la investigación científica y tecnológica".

El Poder Ejecutivo afirma que la investigación se convierte en pieza fundamental para la prestación del servicio de educación universitaria, lo cual se refuerza cuando la Carta Magna dispone que uno de fines de dicho servicio es la investigación científica y tecnológica.

"Añadir un curso de trabajo de investigación, que pertenece a la malla curricular del programa de estudio, no garantiza que se exija a los estudiantes la elaboración de un producto académico conforme a los requisitos de fondo y forma establecidos por el RENATI", refiere el documento firmado por la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Iniciativa va en contra de autonomía de universidades del país

La iniciativa observada también modifica el artículo 87 de la Ley Universitaria, pues agrega que corresponde a los docentes, por una sola vez, brindar asesoría a los estudiantes egresados en la elaboración y sustentación de la tesis para la obtención del título profesional y que cada universidad establece las condiciones y criterios de esa asesoría.

El Ejecutivo señala que esta situación va en contra de la autonomía que tienen todas las universidades del país. "Corresponde a las casas de estudio determinar los alcances de la asesoría que brindarían los docentes, en el marco de su autonomía", refirió.



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