Los magistrados que integran la sala concluyeron por unanimidad que existe responsabilidad de Candia Aguilar, Juan José López Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo en la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en agravio de la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre.
El caso responde a la denuncia de adquisición irregular de 40 cámaras de videovigilancia para el municipio de Alto Selva Alegre, que hicieron funcionarios de la comuna con la empresa Soluciones Andinas. El hecho se suscitó en el 2012 cuando Omar Candia era alcalde de Alto Selva Alegre, y coordinó con sus funcionarios la referida compra.
El colegiado condenó también a José Luis Ríos Sánchez y Sandro Martínez Sardón a tres años de prisión suspendida, por el delito de colusión simple.
La Sala de Apelaciones notificó la sentencia a las partes involucradas y dispuso que se giren las órdenes de captura en contra de los imputados; además, fijó el monto de la reparación civil en 636,060.38 soles, que deberán pagar los sentenciados y la sucesión de Daniel Gómez Benavente, de forma solidaria.
Dicha sala está integrada por los jueces superiores Orlando Abril Paredes, Luis Madariaga Condori y Manfred Vera Torres.
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