En el informe n.° 011-2021 también se menciona a la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gloria Quevedo Salazar, con las mismas responsabilidades. Además, se dispone que el procurador público de la Contraloría inicie las acciones legales que corresponden.
Los hechos
Conforme al servicio de control, se determinó que el 3 de diciembre de 2018, la servidora Azucena Chicoma Niño presentó el expediente n.° 3045589 para solicitar el recálculo de la bonificación especial del 30% por su desempeño como personal administrativo en el régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276.
En ese contexto, la Unidad de Gestión Edicativa Local (UGEL) Ferreñafe declaró improcedente dicho petitorio por incumplirse la normativa. Ante esta situación, Chicoma presentó un recurso administrativo de apelación en la Gerencia Regional de Educación, la cual ordenó a la UGEL Ferreñafe reconocer el pago de dicha bonificación.
En ese sentido, el 2 de setiembre de 2020, la citada UGEL canceló S/ 71.749, lo que constituyó un perjuicio económico, pues se inobservó la Ley de Presupuesto del Sector Público, que prohíbe un reajuste o la creación de beneficios económicos de cualquier índole.
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