Según precisó la DP, estas menores refugiadas solo recibieron clases de bordado y repostería durante todo el año pasado, hecho que vulneró su derecho a la continuidad de su educación básica. No obstante, tras las coordinaciones hechas, estas niñas y adolescentes recibieron asistencia psicológica que le permitió su reingreso a la educación básica regular.
Por ello, el responsable de la Defensoría del Pueblo en Jaén, Engeles Juipa, recordó a las autoridades pedagógicas que "la educación es un derecho social y bien público universal reconocido por nuestra Constitución Política". Asimismo, aseveró que el ejercicio de este derecho fundamental no puede ser limitado o impedido por ningún motivo derivado de la condición de los escolares.
"Esta medida (acceso libre a la educación remota) debe ser adoptada sin que la confidencialidad de sus datos personales o de su ubicación actual se vean alterados en ningún momento, para evitar el acercamiento de las o los agresores", añadió Engeles Juipa en clara referencia a la situación de los menores que son parte de las casas refugio en todo el país.
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