La crisis institucional generada por el Congreso de la República expuso los intereses de diferentes bancadas y partidos políticos contra la reforma universitaria, un proceso liderado -desde hace seis años- por el Ministerio de Educación para proponer estándares de calidad y ordenar la oferta educativa. Solo en la semana que el régimen de Manuel Merino ocupó la presidencia, la Comisión de Educación agendó la exposición de proyectos de ley para declarar en emergencia el sector y crear más universidades.
Al mismo tiempo, Ántero Flores Aráoz, quien fuera presidente del Consejo de Ministros, declaró a favor de darles una segunda oportunidad a las universidades que no cumplieron los requisitos; y la Universidad Telesup, del fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, amenazó con demandar penalmente a la entidad supervisora por rechazar su licenciamiento. Esta agrupación política votó en mayoría por la vacancia, al igual que Alianza para el Progreso, el partido de la familia Acuña, vinculada a tres casas de estudio.
El centro de la disputa es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), una institución que rechazó el licenciamiento de 47 universidades por no cumplir los estándares de calidad, y que mantiene bajo supervisión financiera a aquellas que fueron aprobadas. Es en el marco de esta reforma que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y la Universidad San Martín de Porres (USMP) fueron las primeras instituciones multadas por destinar sus recursos económicos a otros fines.
OjoPúblico pudo conocer de otras ocho universidades privadas que son investigadas por el desvío de más de S/ 355 millones, en inmuebles, vehículos y activos exonerados de impuestos, que debieron invertirse en mejorar la calidad de los servicios educativos. Los hechos corresponden a un presunto aprovechamiento indebido de los beneficios tributarios que se aplicaron al Impuesto a la Renta y a los Impuestos Municipales (predial, alcabala y vehicular), por las actividades que ejercieron en 2017.
Millonarios recursos y esquemas de elusión
Los hechos fueron detectados por la Sunedu entre el año 2019 y lo que va del 2020, y actualmente se encuentran en la Dirección de Fiscalización y Sanción (Difisa) para evaluar el inicio de procedimientos administrativos. Si sumamos los nuevos hallazgos a la afectación económica que se confirmó en la USMP (S/136'755.000) y en la UIGV (S/54'477.809), el Estado ha identificado, hasta la fecha, que las empresas educativas dispusieron de S/546 millones en bienes y recursos que debieron ser destinados a la educación privada.
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www.ojo-publico.com/2244/investigan-ocho-universidades-por-desvio-de-s355-millones
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