Sin bien los actos de investigación se suspenden hasta un días después que concluya su mandato, el 28 de julio del 2021, esta es una decisión que no tiene precedentes en la historia del Perú.
Nunca antes a un presidente de la República en el ejercicio del cargo se le abrió una investigación por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Los habían interrogado en relación a actos ilícitos, pero la decisión de iniciar y desarrollar las investigaciones siempre se tomó después que dejaran el cargo.
Sea esto porque los delitos se conocían después o por mandato del artículo 117° de la Constitución Política del Perú.
Los exfiscales de la Nación Adelaida Bolívar con el expresidente Alejando Toledo; Gladys Echaiz y José Antonio Peláez con Alan García; y Pablo Sánchez con Ollanta Humala rechazaron investigar presuntos actos de corrupción mientras estuvieran en el cargo.
Esto se tenía como "cosa decidida" en el Ministerio Público. Mientras estuvieran en el cargo, ningún presidente era investigado, ni se le abría un expediente fiscal, para no perturbar el ejercicio de sus funciones y en previsión que las acusaciones tuvieran un trasfondo político que generara inestabilidad en el gobierno.
La doctora Zoraida Ávalos cambia este precedente, por el escándalo y los actos de investigación que ha generado el caso Swing y, luego que el mismo presidente remitiera una carta a su despacho en la que dice: "Solicito que se recabe mi declaración o contemple mi participación en cualquier otra diligencia o mi aporte de algún otro tipo de información útil para los fines de la investigación".
Aunque la carta se interpretó más como un acto político, sí obligó a la fiscal de la Nación a replantear los antecedentes y encontrar una salida legal. No hacer nada habría dado un falso mensaje a la opinión pública.
Por eso es que toma la decisión, primero, de emitir una resolución de inicio de la investigación y, segundo, a continuación suspender los actos de investigación respecto del presidente, con lo cual da cumplimiento al artículo 117° de la Constitución y los precedentes de las gestiones anteriores, de acuerdo con el comunicado que emitió el Ministerio Público.
Esto supone que la fiscal de la Nación no podrá llamar a declarar a Vizcarra hasta que concluya su mandato.
Sin embargo, los fiscales provinciales, aun sin esta decisión, sí lo pueden hacer. Es más, de acuerdo con el comunicado, son las acciones que vienen desarrollando las fiscalias contra la corrupción la que dan sustento al inicio de la investigación contra Vizcarra. Nunca antes un fiscal provincial había investigado un hecho que involucre al presidente de la República o en el que se le mencione como uno de los partícipes del delito.
De hecho, el fiscal provincial Reynaldo Abia ya citó a declarar a Vizcarra por las contrataciones de Mirian Morales, la exsecretaria del despacho presidencial. El interrogatorio será virtual y, de acuerdo con las normas legales, el presidente elegirá el día y desde dónde quiere declarar.
Lo mismo podrá decidir la fiscal Sánchez-Porturas que investiga el caso Swing. Ella también lo podrá interrogar como testigo. Esto supone, en la práctica, que la investigación al presidente Martín Vizcarra ha comenzado. Todos esos testimonios en su momento se incluirán a la carpeta que acaba de abrir la fiscal de la Nación.
Ministra
En la misma investigación al presidente Martin Vizcarra se incluyó a la exministra de Cultura Patricia Balbuena. La investigación a ambos se inicia a partir de los informes que remitieron al despacho de la fiscal de la Nación, la fiscal del caso Swing, Janet Sánchez-Porturas, a quien se le ha solicitado mayor información, y la fiscal suprema Bersabeth Revilla.
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