SUNEDU sancionará a exfuncionarios que trabajen en universidades



SUNEDU sancionará a exfuncionarios que trabajen en universidades

ENTIDAD INVESTIGA 12 CASOS QUE SERÍAN INCOMPATIBLES CON LA LEY: La Sunedu sancionará a los exfuncionarios o exservidores de dicha entidad que, pese a estar prohibidos por ley, trabajen o asesoren a universidades que aún tienen pendientes sus autorizaciones de licenciamiento institucional.

Mediante un comunicado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que está investigando 12 casos de exservidores de dicha entidad que estarían trabajando o realizando servicios de "asesoría" en universidades.

"La Sunedu, a través de sus órganos competentes, está investigando estas denuncias e iniciará los procedimientos disciplinarios y otras medidas legales que correspondan", refiere el comunicado.

Señaló que, de comprobarse alguna inconducta, estos exservidores de la Sunedu podrían ser inhabilitados hasta por 5 años de reingresar al servicio civil, además de ser inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

La Sunedu explicó que la ley vigente prohíbe a funcionarios, servidores públicos y exservidores realizar, durante el año siguiente a su cese en una entidad pública, actividades de representación, asistencia o asesoría en una empresa donde podría haber conflictos de intereses por la información que manejan.

En este caso, la Sunedu señala que la ley busca salvaguardar la reserva de la información a la que accedan estos funcionarios o servidores, en ejercicio de sus funciones, incluso hasta después del término de vínculo con la entidad.

Asimismo, indica que la ley prevé que dichas personas se encuentran impedidas, entre otros, de intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del Estado en la cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido.

Por tal motivo, la Sunedu invoca a las universidades a verificar previamente que las personas que contratan no se encuentren inmersas en estas incompatibilidades y prohibiciones, a fin de evitar ser partícipes de actividades que serán investigadas y pueden derivar en sanciones.




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