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A lo largo de décadas, el sistema universitario peruano fue deteriorándose hasta sumirse en una profunda crisis. El Proyecto Educativo Nacional planteó, en 2007, la creación de un órgano rector autónomo que diseñe políticas, supervise el cumplimiento de requisitos mínimos de funcionamiento y tenga capacidad sancionadora.
Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario, dada la existencia de una educación de baja calidad, el no cumplimiento del rol del Estado como garante del derecho de las personas a una buena educación, y por la ausencia de "imparcialidad objetiva" en los esquemas de supervisión y autorización de funcionamiento entonces existente (Sentencia 00017-2008-AI de junio de 2010), indicando la necesidad de la creación de una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente por el Estado.
En acuerdo con lo señalado en esta sentencia, la Ley Universitaria No. 30220 creó, en julio de 2014 la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). Desde el inicio algunas voces se han opuesto a que el Estado ejerza su rol de garante del derecho de las personas a una buena educación a través de mecanismos de supervisión independientes de los propios supervisados. Son incontables las acciones de protección que, en defensa de intereses particulares, se han desarrollado a lo largo de estos años.
La Ley Universitaria y la SUNEDU, como toda acción humana, son perfectibles; sin embargo, se han convertido en instrumentos imprescindibles para empezar a superar la penosa situación en la que nos encontrábamos. Gracias a la acción de la SUNEDU, desarrollada al amparo de las leyes, hoy podemos ver cómo diversas universidades están ordenando y formalizando sus procesos y han cerrado programas que nunca debieron existir y subsanado condiciones de operación que necesitaban mejorar, todo ello para asegurar que cualquier institución que opere en el país como universidad, cumpla, al menos, con condiciones básicas (es decir, mínimas) de calidad.
En este contexto, el CNE desea expresar su convicción en favor de establecer y fortalecer sistemas de supervisión estatal independiente que regulen la operación de las instituciones educativas tanto estatales como no estatales, así como su respaldo al trabajo de la SUNEDU, de su Superintendente y de su Consejo Directivo y expresa su preocupación por acciones que pueden ser entendidas como nuevos intentos de protección de intereses particulares y de entorpecimiento del proceso de recuperación de la calidad universitaria. En ese marco, invoca al Congreso de la República a contribuir a que la SUNEDU culmine de modo exitoso con los procesos de licenciamiento institucional hoy en curso, resguardando su autonomía y capacidad de operación, y brindando a sus funcionarios las seguridades necesarias para el cumplimiento de su delicada misión.
Lima, 09 de setiembre de 2019
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