Una reciente Conferencia realizada en la ciudad de Weimer-Alemania por la Asociación Internacional de Educación de Adultos (DVV), denominada "El poder del aprendizaje y la educación de adultos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", subraya lo inaplazable que es para los países, especialmente en desarrollo, retomar la prioridad que debe tener la educación de jóvenes y adultos, en particular para la población que presenta los mayores niveles de vulnerabilidad pues son los que más necesitan de estos servicios. Entre las ventajas para esas personas y para el país se pueden citar las siguientes:
1. Las modalidades de educación de jóvenes y adultos dirigidas a los sectores de población más vulnerables, son un habilitador transversal y una condición previa para la participación y los procesos inclusivos. Sus programas, al igual que las campañas de sensibilización y educación, preparan a las personas para que sean ciudadanos globalmente responsables, ayudan a empoderar a los más necesitados para participar en procesos comunales democráticos, reclamar sus derechos civiles y llegar a quienes toman decisiones. Además, garantizan la inclusión y la igualdad, y facilitan información para que puedan deconstruir los sistemas que reproducen diversos tipos de desigualdades y discriminación.
2. Son modalidades que mejor pueden llegar a los trabajadores del sector informal, permitiendo que ellos, otros trabajadores pobres y los desempleados tengan derecho a la igualdad de acceso a la educación, adquieran habilidades para el empleo o generen ingresos y se eduquen para el desarrollo sostenible. Mediante ofertas de capacitación no formal, brindan experiencias en el trabajo y preparan para las necesidades de los mercados laborales, tanto formales como informales, proporcionando a sus trabajadores habilidades vocacionales y empresariales, apoyo a las microempresas para obtener acceso y administrar servicios financieros. Son un canal que facilita el acceso al mercado laboral formal. A la vez, cubren las necesidades de alfabetización, el desarrollo de habilidades aritméticas y los conocimientos, habilidades, competencias, valores y actitudes más relevantes.
3. Tienen el potencial de aumentar todos los componentes nacionales del Indice de Desarrollo Humano: la esperanza de vida, el estado de la salud de las personas, el nivel de educación y el ingreso per cápita. Así, confluyen en abordar las dimensiones principales de la pobreza, incluida la participación, los medios de vida sostenibles, el desarrollo económico local, el consumo, el trabajo decente, el ejercicio de los derechos. Existe mucha evidencia de la relación entre los niveles educativos y el estado de la salud, también que los beneficios de la educación de jóvenes y adultos pueden aprovecharse en la educación preventiva para la salud, la sensibilización, la salud física y mental y el bienestar general.
4. Mediante la sensibilización, la información pública y la participación activa, así como en caso de fallo de la tecnología, estos programas contribuyen a la reducción del riesgo de desastres, incluida la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y resiliencia. Además, los enfoques y metodologías de educación no formal son vitales para proporcionar las habilidades relativas al cambio climático.
Muchos de estos y otros beneficios de la educación de jóvenes y adultos no se producen todavía en el país. Como se verá a continuación, hay varias barreras que superar.
Apuesta en el Perú por una educación durante toda la vida
Quizá el concepto más trascendente que cobra vigencia en este siglo, promovido por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es la educación a lo largo de la vida. El aprender no acaba en la escuela o universidad, sino que para acompañar el cambio social, del conocimiento y tecnológico, hay que seguir haciéndolo no importa la edad que se tenga.
Al igual que el derecho a la educación, es uno de los principios fundamentales que ha recogido la formulación del nuevo Proyecto Educativo Nacional que esta vez tiene como horizonte el 2036. Aprender durante toda la vida es una competencia que debe desarrollarse en cada etapa, nivel o modalidad del sistema educativo. No se trata, como en el pasado, de una acumulación de conocimientos memorísticos, sino de adquirir los hábitos y actitudes que conduzcan a saber cómo aprender, cómo desarrollar capacidades de búsqueda de información, análisis y juicio crítico, cómo tomar decisiones en forma autónoma aplicando variados conocimientos en situaciones de la vida diaria.
En la intención de que las personas adquieran la capacidad de aprender a aprender a lo largo de sus vidas, uno de los desafíos mayores para los siguientes años está en aquellos grupos poblacionales que no tuvieron oportunidades de educación, los que en algún momento dejaron de aprovecharlas sin completar una educación básica mínima y los que requieren seguir actualizándose o adquirir nuevas competencias para continuar adecuándose a los cambios. Dentro de estos últimos se incluye a los adultos cuya vida activa se viene expandiendo. Para el sistema educativo representa un cambio significativo en términos de cantidad de servicios que deben estar disponibles. Es pasar de un sistema eminentemente escolarizado, que atiende aproximadamente 10 millones de personas, a otro que triplica esa suma y que requiere replantear estrategias de atención formativa buscando que cobren mayor presencia las modalidades no formales e informales -semipresenciales, virtuales y los estudios independientes-, así como las ofertas que impliquen el uso de recursos tecnológicos digitales.
En segundo lugar, en función de esas estrategias, hay necesidad de definir los recursos necesarios para impartir enseñanza y formación permanente, lo cual hace referencia, además de los docentes, a instructores, animadores, tutores, y otros, a los que se deben sumarse los aplicativos y recursos digitales con potencial de enseñanza y aprendizaje.
Por último, es indispensable que el aumento de la oferta sea acompañada de los mecanismos de certificación de competencias correspondientes y, sobre todo, que respondan a las expectativas y necesidades tanto personales como del desarrollo nacional y regional. Un objetivo que en el caso peruano puede resultar relevante es que se aporte a la reducción de la informalidad que afecta a siete de cada diez trabajadores y al aumento del empleo formal. Elmer Cuba, en su artículo "La informalidad laboral", publicado en el Diario El Comercio (31-05-2019), señala que la mayor parte de la informalidad laboral está en la microempresa y que una característica de este sector de trabajadores es su baja productividad laboral y empresarial, debido, entre otros factores, al escaso nivel de educación que tienen.
| Distribución % de los CEBA y CETPRO según el número de estudiantes. 2018 | ||
| Nº de Estudiantes | CEBA | CETPRO |
| 1 a 5 | 8.5% | 5.1% |
| 6 a 10 | 6.9% | 4.1% |
| 11 a 20 | 10.7% | 9.2% |
| 21 a 40 | 15.3% | 16.9% |
| 41 a 60 | 12.8% | 10.6% |
| 61 a 100 | 16.9% | 16.0% |
| 101 a 150 | 11.9% | 10.5% |
| 151 a 200 | 5.3% | 7.6% |
| 201 a 400 | 9.6% | 11.4% |
| Mas de 400 | 2.2% | 8.4% |
| Fuente. Escale-Minedu | ||
Modalidades como la educación básica para jóvenes y adultos y la educación técnico productiva tienen, en este caso, uno de los roles más protagónicos pero tendrían que ser reformadas en profundidad. Sería indispensable revisar su prioridad y estrategias de desarrollo. La Educación Básica Alternativa y la Educación Técnico Productiva participan del 4.5% del presupuesto inicial de apertura del sector Educación. Es un porcentaje de participación similar al que se tenía el año 2000. Lo que se ha reducido es el esfuerzo estatal y privado en la creación de oferta educativa formal: 51,900 participantes menos en la educación básica alternativa y 400 menos en la educación técnico productiva respecto del año 2000. Además, el costo por estudiante de la educación básica alternativa y la educación técnico productiva estatal fue el 2018 apenas el 72% y el 55%, de lo inviertido por estudiante en la educación primaria. En el año 2000 era el 115% y 99%, respectivamente; es decir, se está invirtiendo menos.
La educación de adultos presencial no desaparecerá, pero necesita elevar significativamente su atractivo, calidad y eficiencia y gestión, por ahora muy deficitarias. La deserción es elevada, no cuentan con el equipamiento necesario y, al no existir casi oferta de formación de profesores de educación de adultos, se emplean a los de la educación básica regular que llegan cansados para cumplir con sus obligaciones de docencia en el turno nocturno. Igualmente, el 41.4% de los CEBA y el 25.3% de los CETPRO tienen menos de 40 estudiantes, lo que dificulta su implementación con una planta de personal docente mínima, tal como se observa en la tabla adjunta. Con más de mil estudiantes se registran solo dos de 2,448 CEBA y 13 de 1,800 CETPRO. Se ha avanzado en la reestructuración del currículo pero la experiencia de otros países recomienda reducir la duración de los estudios y el número de áreas curriculares a cuatro o cinco. La estrategia del dos por uno ha sido una medida positiva introducida en los últimos años, aunque se aplica limitadamente. Pocos centros de educación básica de adultos intentan organizar plataformas informáticas para facilitar los estudios de sus participantes. La barrera difícil de superar es el acceso a la Internet y a un buen servicio de banda ancha.
No todos los problemas son insolubles. Muchas soluciones dependen del liderazgo que muestre el director y su capacidad de buscar alianzas con instituciones que puedan ayudar. Senati y seguramente otros institutos, al igual que muchas empresas y municipios podrían estar prestos a colaborar siempre y cuando los centros de educación de jóvenes y adultos tengan una visión clara de lo que desean como futuro y de los proyectos que les permitirían llevarla a cabo. Es una de las mayores limitaciones que se tiene en un camino que indica claramente que estas formas de educación no pueden quedar solo en manos del Estado. La participación privada es imprescindible.
Nuevo castigo de la naturaleza
El Perú convive con el riesgo de enfrentar diferentes fenómenos de la naturaleza que pueden afectar la marcha de los servicios educativos. En ocasiones se derivan de los cambios climatológicos, y en otras de sismos como el recientemente ocurrido y que tuvo como epicentro la localidad de Lagunas, en la Amazonía peruana.
Los datos oficiales señalan que en 573 centros educativos se tuvieron que suspender clases el lunes 27 de mayo, esa cifra se redujo a 166 el martes y a 29 el miércoles. El jueves quedaban solo cuatro colegios de Loreto y uno de San Martín sin reinicio de clases. Para el rápido restablecimiento del servicio educativo, las autoridades de educación dispusieron, en los casos necesarios, el rápido envío de módulos prefabricados.
En los siguientes días se sabrá el costo de la magnitud del daño. Lo importante será asegurar que las obras que necesitan ejecutarse se realicen con la celeridad necesaria. Es importante evitar la lentitud con la que se ha trabajado en las zonas de la reconstrucción producto de las inundaciones ocasionadas a inicios del 2017 por el Niño Costero. Los datos del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios señalan que a finales de 2018 solo se había transferido el 5% del monto total y que, de las transferencias realizadas se había ejecutado el 29% en Piura, 31% en Lambayeque, 23% en La Libertad, 25% en Áncash y 72% en Tumbes. Este lamentable ritmo de inversión ha determinado que una de las mayores prioridades de política del actual gobierno sean justamente esas áreas geográficas afectadas.
Al 31 de mayo el avance de ejecución de la partida genérica Activos no Financieros del presupuesto del Sector Educación alcanzaba solo el 18.7%, 1.2 décimas menos que lo registrado por el presupuesto del Sector Público en general. Frente a las múltiples necesidades de inversión que presenta una cantidad significativa de instituciones educativas, es indispensable que la ministra Flor Pablo concentre parte de sus esfuerzos en atacar los principales obstáculos que impiden la mejora la cantidad y calidad de ejecución de dicho presupuesto, al igual que el relacionado con la partida de Bienes y Servicios.
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