La iniciativa legislativa que presentará Luciana León busca modificar el artículo 418 del código procesal penal referente al delito de precarivato: Esta mañana la congresista del Apra Luciana León anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley que busca "precisar" la prisión preventiva y establecer responsabilidad de los jueces y fiscales relacionados a estos procesos.
El anuncio de la congresista aprista se da pocos días después de que Alan García haya decidido suicidarse para evitar que sea detenido preliminarmente por el caso Odebrecht. El proyecto propone, entre otras cosas, modificar el artículo 418 del código penal referente al delito de precarivato.
El artículo 5 de la iniciativa legislativa aprista a la que tuvo acceso La República, señala: "El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años".
La propuesta de Luciana León también dice que, "en caso el Juez o el Fiscal que dicte prisión preventiva o emita la solicitud pertinente, lo haga sin señalar en su contenido los fundamentos de hecho o de derecho; o se haya sobrepasado el plazo de la prisión preventiva", la pena será no menor de 6 ni mayor de 10 años.
"Hemos visto cómo en los últimos años se está abusando del uso de la prisión preventiva y estamos exigiendo que esta medida sea únicamente utilizada de manera excepcional, subsidiaria, provisional y proporcional", dijo Luciana León a la prensa.
Actualmente, Keiko Fujimori y otros altos integrantes de Fuerza Popular cumplen prisión preventiva relacionada al caso Odebrecht. Esta misma medida ha sido dictada recientemente contra Pedro Pablo Kuczynski.
Ollanta Humala y Nadine Heredia también estuvieron detenidos preventivamente por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, pero un fallo del Tribunal Constitucional los dejó en libertad.
El prófugo expresidente Alejandro Toledo es otro de los políticos peruanos que tiene una orden de prisión preventiva. A él se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht en sobornos.
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