Defensoría del Pueblo alertó que en solo en dos años se reportaron 5,506 denuncias contra personal docente: La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación la modificación del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial a fin de agilizar los procesos disciplinarios y separación definitiva de los docentes que hostigan y violentan sexualmente a sus alumnos.
Tras revisar el Sistema Especializado en reporte de casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación, la Defensoría observó que en el período 2015 - 2017, se reportaron 5, 506 denuncias por actos de violencia provenientes del personal de las instituciones educativas en agravio de los estudiantes.
De ese total, 1 270 (23%) estaban referidas a violencia de tipo sexual y en el 93% de estos casos las víctimas eran mujeres.
Durante el mismo período, en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX) -para el seguimiento de los procedimientos administrativos disciplinarios contra el personal de instituciones educativas- se registraron únicamente 519 expedientes por hostigamiento y violencia sexual.
Este sistema, creado en 2014, al mes de agosto de este año figura como implementado al 61% a nivel nacional. En Lima Provincias, Huancavelica, Madre de Dios y Puno, el nivel de implementación de dicho sistema era de 0%.
El documento defensorial revela también que de los 519 expedientes que figuraban en el SIMEX, en 81 no se registraba información sobre la separación preventiva del docente denunciado.
Asimismo, que de los 438 expedientes que sí registraban dicha información, se advirtió que en el 31.3% no se adoptó esta medida, explicó la Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Mónica Callirgos.
Solo 18 fueron destituidos
De otro lado, de la revisión a 78 expedientes administrativos disciplinarios contra docentes, por conductas de hostigamiento o violencia sexual contra estudiantes, solo en 29 casos (37.2%) dichas faltas fueron calificadas como muy graves.
Lo lamentable es que, de este grupo de casos, sólo 18 fueron sancionadas con la destitución, conforme a lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial.
La Defensoría indicó además que de 174 resoluciones emitidas por las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (DRE o UGEL), revisadas por el Tribunal del Servicio Civil, se advirtió que en el 56% de los casos la sanción impuesta al docente (por hostigamiento o violencia sexual), fue el cese temporal por 1 año y no la destitución, debido a que no fueron calificadas adecuadamente como falta muy grave.
Mónica Callirgos subrayó que el 44.3% de estas resoluciones fueron declaradas nulas o revocadas, lo que pone en evidencia la baja calidad del trabajo que efectúan las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, en los procedimientos administrativos disciplinarios en materia de hostigamiento o violencia sexual.
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