Proyecto de Ley para restituir a 14,000 docentes interinos, afecta el derecho de los estudiantes a tener profesores idóneos y vulnera el principio del mérito en la Carrera Pública Magisterial: El mejor profesor que he tenido en primaria no tenía título de educación, estudió filosofía. También he tenido pésimos profesores con título en educación a lo largo de mi educación básica. Por eso siempre he creído que el título en educación, especialmente con los problemas de formación inicial que tiene la carrera, ni te asegura un buen educador, ni no tenerlo impide que logres ser un educador ejemplar si eres un brillante autodidacta y cuentas con las condiciones y recursos para formarte en pedagogía.
Dicho esto, comprendo que cuando se regula a nivel de sistema educativo público, no estamos para juegos y por eso se minimizan los riesgos exigiendo el título de educación a los postulantes a la Carrera Pública Magisterial. Pero no solo se exige el título, sino la superación de un proceso de evaluación en un concurso público, que busca que ingresen personas con las aptitudes necesarias para atender niños, niñas y adolescentes de manera adecuada. Esto porque el centro del servicio educativo es el estudiante. El derecho del estudiante a una educación de calidad es el fin superior que tutela la legislación actual, estableciendo exigentes requisitos para nombrar a los maestros del sector público. Pensemos que un docente nombrado atiende 25 generaciones de estudiantes. Tal es la importancia de la selección.
En la década del 80 debido a la expansión del servicio educativo a lugares remotos en los que no había docentes titulados para abastecer la creciente demanda, se nombraron como "interinos" personas que no contaban con el título en educación. Se estima que llegó a haber más de 30 mil personas que se nombraron bajo esta modalidad, algunos de ellos solo con estudios incompletos de secundaria.
En las últimas décadas se les dio oportunidades y plazos para regularizar su situación acreditando título para incorporarse al primer nivel de la carrera vigente. El 2012, con la promulgación de la Ley de Reforma Magisterial, se establece que estas personas debían acreditar el título en el plazo de 2 años y entonces superar una evaluación para nombrarse en la nueva Carrera Pública Magisterial regida por el principio del mérito. Para entonces había unas 14 mil personas en esta situación. La gran mayoría o bien no se presentó a la evaluación, con lo que se presume que no contaban con el título, o bien no aprobó la evaluación que constó de una prueba de comprensión lectora y una prueba de conocimientos pedagógicos de la especialidad. Las plazas que liberaron se dispusieron en los Concursos Públicos de Ingreso a la Carrera (Nombramiento Docente). Ya se han realizado 3 concursos de estos con más de 200 mil postulantes inscritos, con título y dispuestos a ser evaluados y competir por un nombramiento.
No se entiende por qué la Comisión de Educación del Congreso aprueba un Proyecto de Ley para restituir a los interinos, que ya no están en el sistema desde el 2014, afectando por un lado el derecho de los estudiantes a contar con un profesor idóneo y por otro vulnerando el principio del mérito que tanto ha costado construir en la Carrera Pública Magisterial.
Afecta también el derecho de los demás profesores titulados dispuestos a competir por una plaza. Esto es un bombazo a la Carrera Pública Magisterial, por acá se empezarán a colar y colar más "iniciativas legales" hasta que no quede nada de lo que se ha avanzado. ¿Lo vamos a permitir?
Espinosa, G. (2018).
Bombazo a la Carrera Pública Magisterial.
Educacción, Año 4 (47).
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