Fiscal de la Nación dice que el personal de la Fiscalía del Callao es sospechoso de filtrar los audios y afectar la cadena de custodia. Pone en duda la "integridad, legalidad y conservación del material incautado", señala comunicado. En tanto, amenazan a los colaboradores y testigos de la fiscal Rocío Sánchez: Allí en la inmensidad de su despacho del noveno piso del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry Vallejos, reacciona mal y paraliza el Ministerio Público.
Lo que es más alarmante son las decisiones de Chávarry Vallejos que ponen en riesgo la investigación a la red de corrupción judicial y electoral que descubrió la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra.
Control interno
Ayer se conoció que el 3 de agosto último, Chávarry ordenó al entonces fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, "iniciar una investigación para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la filtración de los audios de las interceptaciones telefónicas" realizadas por la fiscal del Callao, Rocío Sánchez.
En medios periodísticos se interpretó como la intención de investigar y perseguir penalmente a los periodistas y medios de comunicación que difundieron los CNM audios.
Un inaceptable ataque a la prensa y a la libertad de información en el país. Pero en realidad el objetivo de Chávarry es la valiente fiscal del Callao y todo su equipo.
Horas después de que el gremio periodístico lanzase la alerta, el despacho del fiscal de la Nación, vía un comunicado publico, se encargó de aclarar cuál era su objetivo y sus verdaderas intenciones.
Por primera vez desde que asumió la Fiscalía de la Nación, Chávarry se mostró sincero: dice que su objetivo es sancionar a la fiscal Rocío Sánchez y, de paso, traerse abajo toda la investigación, pues pone en duda uno de los pilares del debido proceso: la cadena de custodia de las pruebas.
Para el fiscal de la Nación, la filtración de los audios pone en duda la "integridad, legalidad y conservación del material probatorio". Si eso se establece judicialmente, como antes sucedió con los Petroaudios, al final todos serán absueltos y cada uno de los magistrados involucrados volverán a sus despachos, a seguir administrando justicia.
Una jugada perfecta en favor de la corrupción. ¿Por qué hace esto el fiscal de la Nación?
Pues bien, sus principales asesores le han hecho creer que los audios se filtraron solo para impedir que él asuma la Fiscalía de la Nación y que todo es parte de un complot orquestado por el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez.
Entonces, como no puede tocar al exfiscal de la Nación, arremete contra la fiscal del Callao y su personal, y de paso ayuda a los "hermanitos" de la corrupción. El comunicado del Ministerio Público es claro sobre estos temas.
Cadenas rotas
"La Fiscalía de la Nación debe garantizar la cadena de custodia de medios probatorios, que está establecida en los reglamentos internos del Ministerio Público a efectos de garantizar la integridad, legalidad y conservación del material incautado", dice el comunicado.
La norma y la jurisprudencia dicen que si la cadena de custodia se rompe, la prueba se contamina y ya no puede utilizarse en un juicio.
Eso es lo mismo que se hizo con los Petroaudios hace un par de años. Primero se juzgó y condenó al personal de BTR que hackeó los mails, con lo que cual se definió que se trataba de una prueba ilícita, y en el segundo juicio se absolvieron a todos los funcionarios públicos comprometidos.
Hoy se trata de una interceptación telefónica legal. Eso no se puede discutir. El Poder Judicial validó los audios.
Por eso hoy se busca atacar la cadena de custodia. Si establece que la cadena se rompió, un buen abogado también puede invalidar la prueba. Esto significa desacreditar el profesionalismo y celo de la fiscal Rocío Sánchez Saavedra y su principal soporte, la fiscal Sandra Castro Castillo.
"En el oficio dirigido a la Fiscalía Suprema de Control Interno se solicitó el inicio de las investigaciones orientadas a determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la divulgación irregular de los medios probatorios custodiados por la Fiscalía, es decir, de parte del personal que labora en nuestra institución", subraya el comunicado.
Solo les faltó agregar los nombres de la fiscal Sánchez y sus colaboradores. Si ellos caen, es muy probable que, mientras Chávarry siga al frente del Ministerio Público, la investigación de la corrupción judicial y electoral puede irse, muy pronto, al tacho de basura.
Falta personal
La Fiscalía de Control Interno no requiere muchos recursos y personal para investigar y sancionar a la fiscal Sánchez. La resolución de Chávarry señala que ella es la única responsable de la custodia de los audios y que la filtración fue culpa de personal del Ministerio Público. El plato está servido. La policía es automáticamente excluida de toda sospecha. Además, Control Interno no puede investigar a los policías.
De otro lado, escuchar y seleccionar con fines procesales los más de 130 mil audios que recogió la investigación contra el crimen organizado requiere tiempo. Mucho tiempo y recursos.
El fiscal de la Nación hasta hoy no asigna los recursos económicos y de personal necesarios para comenzar esa gigantesca tarea. La Fiscalía puede utilizar los audios transcritos por los medios de comunicación para iniciar la investigación, pero para el desarrollo del proceso va a tener que procesar los originales.
Se busca fiscal
Lo único que le falta a Chávarry es encontrar un fiscal acomedido a realizar esta titánica tarea. El fiscal de la Nación tiene problemas para conseguir personal. El mismo 3 de julio, Rodríguez Monteza renunció a la Fiscalía Suprema de Control Interno y su despacho sigue en manos de un fiscal encargado.
Chávarry no quiere en Control Interno a la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Esta buscando un fiscal supremo provisional todo terreno. Hasta hoy solo ha conseguido realizar cambios en las fiscalías del caso Lava Jato. Lo demás sigue en espera.
Amenazan a testigos y colaboradores
- Los testigos protegidos y colaboradores que están ayudando a la fiscal Rocío Sánchez a completar el panorama delictivo y de conexiones que esbozan los CNM audios habrían recibido amenazas, según trascendió en medios judiciales.
- "Al menos tres colaboradores le han pedido protección a la fiscal Sánchez. Señalan que han recibido amenazas directas contra su vida o presiones contra sus familias para que cambien de versión o se retracten. La organización ha empezado a reestructurarse", señaló la fuente.
- Este domingo concluyen los 15 días de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial contra los primeros 11 detenidos. La fiscal Rocío Sánchez y su equipo deben definir contra quiénes formalizarán cargos y pedirán prisión preventiva.
- Antonio Camayo, Mario Mendoza y el operador político José Luis Cavassa se acogieron al derecho al silencio. Al principio estaban dispuestos a declarar. Luego cerraron la boca, seguros de que no les pasará nada.
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