El día que se condecoraba con las Palmas Magisteriales a un grupo de maestros y destacadas personalidades, el Presidente Martín Vizcarra anunció un aumento, durante el 2019, de las remuneraciones de los docentes estatales de la primera escala de la carrera pública magisterial de 200 soles. Al día siguiente, el Ministro de Educación explicó que dicho aumento se daría en dos partes: 100 soles en marzo y otros 100 soles en diciembre.
Las críticas de representantes de las diferentes facciones del SUTEP sobre el aumento no se dejaron esperar. El ala oficial calificó en su comunicado del 19 de agosto de irrisorio sin tener en cuenta que, respecto de julio del 2016, cuando empezó el gobierno de ex Presidente Kuczynski, el piso salarial de un docente con jornada de 30 horas semanales mejorará en 46%. Otros han criticado la oportunidad del anuncio y el cronograma de mejora para el próximo año: de los doce meses del año, únicamente en diciembre el piso salarial alcanzaría los 2,200 soles.
Cabe recordar que el anuncio del Presidente Vizcarra es consecuencia de uno de los acuerdos que asumió el Ministerio de Educación con representantes del sindicato en acta firmada en agosto del año pasado. Allí se expresaba que el Ministerio haría un estudio que evalúe la posibilidad de elevar el piso salarial de las remuneraciones docentes al equivalente a una UIT en el año 2021. Este compromiso se dio como parte de un intento de frenar una huelga que se había extendido en casi todo el país y representaba la pérdida de varias semanas y hasta meses de clases.
Desde el punto de vista de la generación de expectativas, fue posiblemente un error de los funcionarios del Ministerio de Educación haber aceptado incluir en el acta firmada el concepto de UIT en la política remunerativa, pues conlleva asociarlo directamente con la indexación salarial. No hay experiencia en los países donde se pretendió aplicar una fórmula similar, que presupuestariamente sea sostenible. En el caso peruano, llevar a la práctica ese aumento significaría que el 70% del incremento de todo el presupuesto público previsto hasta el 2021 vaya a Educación, lo que es imposible e inconveniente para el desarrollo del país.
Para la realización del estudio, el ex Ministro Vexler, formó una comisión cuyo informe concluyó durante la gestión del actual Ministro Daniel Alfaro. El mismo analiza variables del perfil del magisterio estatal que tienen incidencia en los costos del aumento (distribución por escalas, docentes nombrados y contratados, por jornada laboral, entre otros). Asimismo, tomando como referencia el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021, proyecta el crecimiento del presupuesto público, el presupuesto de Educación y de la partida remuneraciones para el Sector. Finalmente, en base a estas referencias, evalúa cinco alternativas de aumento del piso salarial: (i) elevarlo al nivel de una UIT, (ii) duplicarlo respecto del existente el 2016, (iii) colocarlo en el equivalente a la cuarta escala magisterial, (v) tomar con referente el percentil de la distribución del ingreso de profesionales y técnicos de México, y (vi) tomar ese mismo referente en el caso de Chile. Ambos países, México y Chile, tienen los mayores porcentajes de asignación del presupuesto público para educación en América Latina según los datos del Banco Mundial para el año 2014.
Tomando en consideración las proyecciones del crecimiento del gasto público y del presupuesto de remuneraciones para el sector Educación, las conclusiones del estudio demuestran la inviabilidad de elevar el piso salarial al nivel de una UIT, de duplicar las remuneraciones del 2016 y de colocar el piso salarial al nivel de la cuarta escala magisterial. No obstante, en el propósito de atender las necesidades de mejora, se ha recomendado que el Ministerio de Economía y Finanzas lidere una comisión multisectorial que continúe estudiando una estrategia que permita que la meta sea llevar el sueldo de la primera a la cuarta escala magisterial en el 2021.
Se espera que el gobierno pueda manejar con acierto esta situación, lo que incluye la posibilidad que el Ministerio de Economía y Finanzas revise la estrategia del aumento para el 2019. Completar el aumento el último mes del 2019 conlleva el riesgo de no empezar con normalidad el siguiente año escolar. Si bien el último intento de paro liderado por la facción del profesor Pedro Castillo fracasó, los antecedentes ilustran que no reviste tanta complicación para las dirigencias sindicales movilizar al profesorado y presionar al gobierno cuando ven que sus expectativas salariales no se acercan a lo que se les vende como posible de lograrse.
Cierto es que habrá que esperar que el Ministerio de Economía y Finanzas cree la comisión multisectorial y emita su informe para conocer la estrategia definitiva del aumento. Mientras tanto, sería recomendable que el Ministerio de Educación haga efectiva una estrategia de comunicación destinada a explicar al magisterio estatal la propuesta de aumento. Hay que destacar la magnitud de los aumentos de años recientes y lo que representa como esfuerzo y limitaciones por parte del Estado y la Sociedad hacer efectiva tal mejora. Las previsiones de crecimiento del presupuesto público para el 2019 son austeras y decrecientes para la partida de remuneraciones, hay necesidad de reducir el déficit fiscal que está en un nivel superior de más de tres veces que el recomendado, no se pueden descuidar las inversiones en las zonas afectadas por el Niño Costero y hay demandas económicas y sociales que no deben postergarse. Adicionalmente, financiar el aumento obliga a continuar y posiblemente hacer más severos los ajustes y racionalización del gasto al interior del presupuesto de educación. Son aspectos que los líderes sindicales tendrían que valorar al momento de fijar sus demandas.
La estrategia de comunicación debería igualmente incluir mensajes dirigidos a la sociedad en general. Los padres de familia tienen que convertirse en los principales defensores de la no pérdida de clases de sus hijos. Para que ello suceda, necesitan estar convencidos que el esfuerzo realizado por el gobierno es el acertado y posible presupuestalmente. Además, maestros y sociedad en general deben recordar que diversos sondeos de opinión expresan el mayoritario respaldo social que tiene la carrera docente basada en principios de mérito, los cuales deberían seguirse manteniendo en los procesos de ingreso, promociones salariales y ascensos de escala magisterial. El informe de la comisión designada por el Ministerio de Educación recomendó no descuidar la aplicación de este principio que no se tomó en cuenta en los dos aumentos dados durante la gestión del ex Presidente Kuczynski.
Inevitablemente habrá que poner en una futura mesa de discusión la necesidad de revisar la duración de la jornada laboral docente. Un estudio reciente del BID muestra que en los países donde los docentes están mejor pagados, sus jornadas de trabajo no difieren de las de otros trabajadores de la administración pública y privada; es decir, son de ocho horas al día o cuarenta y cinco horas a la semana. Si bien es cierto que muchos docentes dedican tiempo en sus hogares para preparar clases o evaluar a sus alumnos, no se puede sostener una jornada laboral tan corta y que sitúa el valor de la hora trabajada muy por encima de otras profesiones. Se necesita más tiempo de permanencia en el centro educativo para dialogar con alumnos, padres y profesores, capacitarse, preparar documentos institucionales y hacer clases de refuerzo. No necesariamente el 100% de docentes tendría que transitar a esa jornada, a la que también debería accederse mediante evaluación rigurosa.
Asimismo, el aumento salarial es un asunto de enorme complejidad que no depende únicamente de mejorar la gestión docente sino de realizar otras reformas educativas. Cuando se elaboró la Ley de Carrera Pública Magisterial aprobada el 2007, los estudios previos advirtieron que la estrategia de implementación tendría éxito si se producían reformas paralelas en la gestión ministerial y escolar, el presupuesto y la formación docente. Son reformas que no se han producido y que en mucho explican las dificultades que tiene la implementación de la reforma magisterial.
Pensando en el futuro
Finalmente, y pensando en una perspectiva de mediano y largo plazo, es conveniente interrogarse si ha que revisar la actual concepción y estructura de la Ley de Reforma Magisterial y su posibilidad de implementarla, con oportunidad, en todos sus alcances. A medida que pasa el tiempo las dificultades de un financiamiento y capacidad de gestión adecuadas de la Ley se irán complicando. El balance preliminar que puede hacerse desde que comenzó a generalizarse la Reforma Magisterial en el 2012 muestra las evidentes limitaciones de capacidades técnicas y financieras que han debido enfrentarse, muchas veces sin éxito, para que ello suceda.
Algunos ejemplos de esas limitaciones se citan a continuación: (i) han pasado diez años desde que se instauró la evaluación del desempeño docente en la carrera pública magisterial y, de no haber dificultades, su generalización se extendería hasta el año de celebración del bicentenario; (ii) hay bonificaciones que no se han pagado o no se pagan regularmente, como también deudas que vienen de hace décadas; (iii) la cantidad de escalas magisteriales hace difícil la gestión de los procesos de ascenso; (iv) la carrera no es la aspiración de todos los docentes: a un sector de ellos se les ofrece mejores remuneraciones, vía contrato, para desempeñar ciertas funciones, saliéndose de los alcances de la carrera magisterial; (v) la base de información para gestionar la carrera docente es insuficiente para un pormenorizado monitoreo, evaluación y toma decisiones; (vi) aún cuando se logre un aumento que lleve el piso salarial al nivel de la cuarta escala, los esfuerzos de optimización del gasto en educación deberán redoblarse, pero en el marco de una estrategia gradual que no debe descuidarse: procurar que los maestros logren mejorar su situación económica sin descuidar las inversiones en otros factores de calidad que aseguren para los estudiantes los aprendizajes que necesitan para actuar en la sociedad del siglo XXI.
Es cierto que, en el marco de esa revisión que se plantea, la continuidad de aplicación del principio del mérito no está en debate y debe preservarse, al igual que prever la simultaneidad de otras reformas que deben ir paralelas para que la carrera docente tenga éxito. Una que demandará tiempo, pero que es necesario empezarla, es el reordenamiento de la red escolar, teniendo como meta reducir el número de centros educativos pequeños que existen en gran parte de las zonas urbanas del país. Dos beneficios importantes son que ayudaría a tener menos centros educativos, mejor dotados en cuanto a personal directivo y jerárquico, y facilitaría una elevación de la relación alumnos por profesor, muy baja en una cantidad importante de localidades del país.
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