El tiempo corre y uno de los aspectos que estamos descuidando es la celebración de un acontecimiento tan especial como es los doscientos años de la independencia del país. En general, no hay una difusión de metas que se esperan alcanzar y que signifiquen el inicio de una nueva etapa, de prosperidad más sostenida para el Perú y para los peruanos. Por el momento la mayor parte de los anuncios son buenas intenciones, pero no alentadoras noticias sobre cómo se marchará hacia el país en el que aspiramos vivir.
El gobierno del Presidente Vizcarra recién ha comenzado y no se le puede criticar de esa ausencia de metas. La crítica va a las administraciones gubernamentales precedentes, puesto que metas significativas, como las que se merece esa celebración, no son el producto de iniciativas de corto plazo o de muy pocos años.
Concretamente en el sector Educación, en algunos momentos, se pretendió el inicio de una serie de reformas en la educación básica y la educación superior. Hubo gran entusiasmo y expectativa de parte de amplios sectores de la población, pero se vinieron diluyendo ante la falta de continuidad de las políticas y el surgimiento de algunos grupos de presión que se oponen al cambio o buscan preservar sus intereses. Tener cuatro ministros de educación en menos de dos años es contraproducente para un sistema educativo que no merece estar en el tercio y hasta quinto inferior en las evaluaciones de aprendizaje en las que el Perú participa. Cada Ministro de Educación llega con su propio equipo y ahora que se avecinan las elecciones de Gobernadores Regionales sucederá lo mismo en todo el país. La ansiada carrera del funcionario público es un objetivo que muchos políticos han pregonado, pero al significar pérdida de poder en el nombramiento o contratación de personal no se lleva adelante. Se necesitaría hacer más rigurosa la lista de cargos de confianza, así como la estabilidad de cuadros calificados a partir de una periódica evaluación de cargos de carrera.
El comentario precedente conviene asociarlo a la reciente presentación del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República el 2 de mayo. Explicó las líneas prioritarias de política que el flamante gobierno llevará adelante hasta julio del 2021. Es verdad que en el tiempo en que duró el mensaje era difícil esperar precisiones en relación a cuál es la imagen objetivo que desearíamos tener para muy pocas, pero importantes metas clave, ambiciosas pero factibles y respaldadas no solo en la evidencia sino también en la firme decisión de asignar los recursos financieros y concentrar los talentos necesarios para alcanzarlas. Es una deuda que ojalá los Ministros de las diferentes carteras no descuiden y estén trabajando.
El ingeniero Villanueva mencionó cuatro prioridades educativas para el 2021, todas relacionadas con la educación básica regular: (i) mejorar los resultados de aprendizaje en las evaluaciones en comprensión lectora y matemática, (ii) impulsar la creación de redes educativas como estrategia fundamental para elevar la calidad de la educación rural, en especial, de la educación secundaria, (iii) fortalecer la carrera pública magisterial, continuando con la política de nombramiento y de mejora de las remuneraciones docentes en función de la disponibilidad fiscal y la mejora de la calidad, y (iv) mejorar la conectividad y acceso a las nuevas tecnologías, pasando del 14% de escuelas primarias y secundarias con internet al 35%. También mencionó que, como parte de la lucha contra la corrupción, el currículo dará más énfasis a la formación ética y los valores. Por último, que una de las medidas de atención a la población vulnerable será el desarrollo de capacidades formativas y técnicas.
Excepto la prioridad que se pretende dar al acceso a la internet a las escuelas primarias y secundarias, los anuncios formulados por el ingeniero Villanueva, son, en buena medida similares a las que señalaron sus antecesores. Vale la pena interrogarse: ¿cuán movilizadoras son, para un real cambio educativo, metas para el 2021 como, por ejemplo, que en la evaluación censal de estudiantes de primaria, el 45% en lectura y 55% en matemática, no logre resultados satisfactorios, o que el 85% de los cursan el segundo de secundaria y el 75% de los de cuarto tampoco alcancen ese nivel satisfactorio en compresión lectora.
La experiencia que tienen, tanto el Presidente de la República como el Presidente del Consejo de Ministros, es importante aprovecharla en aquello que estamos identificando como carencia en los mensajes de varias administraciones de gobierno. Una posibilidad a evaluar, en la cual ambos tienen amplia competencia, es en la focalización regional de las políticas. Por ejemplo, algunas regiones seleccionadas y donde haya firma voluntad de progreso, podrían ser objeto de acciones intensivas, durante cuatro o cinco años, de parte de diversas instituciones del Estado, la empresa, la academia y la sociedad en su conjunto para conseguir, durante ese período, cambios y resultados significativos en la gestión, los procesos y los resultados de la educación y la democratización de las tecnologías de la comunicación e información. Como en otras ocasiones se ha mencionado en este informe, es imposible que la sola acción del Ministerio de Educación logre las metas que requieren alcanzarse.
La actuación del Ministro de Educación podría resultar clave y distintiva de otras gestiones si logra políticas muy articuladas y que aprovechan la contribución de otros sectores públicos y privados. Al interior del Ministerio sería necesario algunas precisiones adicionales sobre temas que estuvieron ausentes en el mensaje del ingeniero Villanueva. Es el caso de la educación superior, así como a la educación de jóvenes y adultos en sus ofertas de educación básica alternativa y de educación técnico- productiva. El aporte de esas modalidades al desarrollo regional sostenido de la economía y el bienestar de las familias no debe olvidarse.
Lamentable es que la oferta de educación superior tecnológica a cargo del Estado, que el año 2000 representaba el 43% de la matrícula, en el 2017 haya sido únicamente el 13%. No se cuestiona que la oferta privada haya crecido significativamente, aunque si sus grandes brechas de calidad. Lo que preocupa es que las oportunidades de formación que el Estado ofrece a la población de menores ingresos hayan disminuido a los niveles mencionados. Algo similar sucede con la matrícula de las universidades estatales cuya participación en ese período cayó del 40% al 29%.
No se olvida que, en el año 2017, la matrícula estatal -incluida la universitaria- registra 546,572 alumnos menos que los que mostraba la estadística del año 2000; en tanto, el presupuesto inicial de apertura aumentó de 5,157 millones a 26,180 millones de soles (el presupuesto institucional modificado llegó a casi 29,600 millones de soles). Ciertamente que mejoraron las inversiones por estudiante, pero la pregunta que requiere una respuesta es si el enorme esfuerzo financiero en la escuela estatal justifica los resultados alcanzados o eran esperables logros mayores.
Otro caso dramático es el de la educación básica alternativa que no solo disminuyó en términos porcentuales, sino que en valores absolutos tuvo un decrecimiento de 71,446 estudiantes. De los 217,064 jóvenes y adultos atendidos en el 2000, se atendieron solo 145,618 en el 2017. Cabe indicar que el descenso de la matrícula de esta modalidad viene desde la década de los ochenta. En 1981 el sector estatal atendía 261,900 estudiantes. Esta tendencia decreciente puede encontrar varias explicaciones: faltaron propuestas de reforma de las estructuras del servicio que acompañen los nuevos tiempos, en donde los jóvenes y adultos reclaman una educación básica que no tenga las mismas características de la educación básica que reciben los niños.
Ciertamente que los niños de la educación básica son una prioridad, pero no debe olvidarse que son muchos los estudios que muestran que los bajos niveles de educación de jóvenes y adultos repercuten en diversas situaciones: baja productividad e innovación, alta informalidad, bajos salarios, aumento de la delincuencia y violencia, inseguridad, entre otros. Hay reformas que, si bien no pueden implementarse de inmediato, deberían empezar a diseñarse. Por ejemplo, para aumentar las demandas de educación de personas que no culminaron a tiempo su educación básica regular, se podría organizar una básica alternativa de menor duración, con menos cursos y más práctica; también que los cursos que puedan seguirse en la modalidad técnico- productiva tengan equivalencia con estudios de educación básica alternativa. La técnico- productiva, ahora sin una línea de política definida, podría apoyar el desarrollo de actitudes laborales entre los estudiantes de la educación secundaria.
Lo mismo puede decirse de la educación superior tecnológica. El licenciamiento es una buena medida para forzar la elevación de la calidad del servicio, pero insuficiente. Es necesario que esta modalidad trabaje estrechamente con los sectores de la producción y servicios a los que debe proporcionar los recursos calificados necesarios. Una recomendación que parece obvia, en la práctica no es realizada por la gran mayoría de institutos superiores tecnológicos. Estas instituciones formativas, al igual que las universidades necesitan trabajar más cerca de los sectores de la producción para los cuales forman técnicos y profesionales.
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