Ex directores e interinos ¿hay que volver a esos temas? (Hugo Diaz)


Ex directores e interinos ¿hay que volver a esos temas? (Hugo Diaz)

Desde el 2008, cuando se aprobó la Ley de Carrera Pública Magisterial, luego reemplazada por la Ley de Reforma Magisterial, los factores asociados al mérito se han convertido en variables importantes en los procesos de nombramiento, contrato, promoción de cargo y ascenso en la carrera. Es verdad que todavía el peso de los títulos y la antigüedad tienen un peso considerable, pero los avances hasta el presente no pueden negarse.

Colocar las variables de mérito con mayor presencia en la gestión y desarrollo de la carrera docente no es tarea fácil por las resistencias de un sector de docentes. Algunos por inseguridad profesional, otros defendiendo férreamente la estabilidad laboral o como bandera de defensa sindical no aceptan las evaluaciones de desempeño y otras que buscan medir habilidades clave de los docentes para la enseñanza en la hora actual.

Dos casos que se arrastran desde hace varios años son los de un sector ex directores y de maestros interinos. Los primeros, según la Ley, deben ser evaluados para su ratificación en el cargo, y los segundos, para ingresar a la carrera pública magisterial deben igualmente ser sometidos a una evaluación que tome en cuenta similares reglas de juego exigidas a otros docentes.

Para ambos casos el Ministerio de Educación organizó en los años 2014 y 2015 evaluaciones excepcionales, dándoles así la oportunidad de regularizar su situación. Mientras un sector se sometió a la evaluación, hubo quienes se rehusaron, expresándolo de dos maneras: no participando en la misma y/o presentando ante jueces recursos de amparo.

Las actitudes de ex directores rebeldes, que querían el cargo de por vida, generaron un verdadero caos en la administración docente puesto que muchos de los que iban ganando posteriores concursos en base a su esfuerzo y competencias, sometiéndose a la evaluación, no podían tomar posesión del cargo porque había una acción de amparo que lo impedía. Aunque con retraso, la Corte Suprema, ratificó la legalidad de la evaluación y la obligación que todo director en ejercicio sea evaluado periódicamente.

El problema que surge ahora es que algunos miembros de la Comisión de Educación quieren que se dé una oportunidad a ex directores que en su momento se opusieron a ser evaluados o que desaprobaron la evaluación. Se desconocería, en cierta medida, la legalidad de la evaluación excepcional realizada en el 2014 y que permitió que poco más de tres mil directores fueran ratificados, mientras que el resto eran reubicados en sus plazas de docentes de aula de origen o en una plaza cercana. Implícitamente lo que existe detrás de esta iniciativa es ir en contra del criterio del mérito, así como desconocer el ejemplo que buenos directores dieron al confiar en sus capacidades y someterse a la evaluación excepcional. Se sabe que esta iniciativa fue desestimada pero que no se deja de insistir en su aprobación. Ojalá el Congreso de la República tome la decisión correcta. Si queremos mejorar la gestión de los centros educativos debemos asegurarlos que quienes la dirijan muestren las competencias para hacerlo y no vivir costumbres del pasado o de favores políticos.

La segunda iniciativa, quizá la más insistente, se relaciona con los maestros interinos. Fue una figura transitoria creada en 1984 con la Ley del Profesorado para permitir el ejercicio de la docencia a quienes no tenían título pedagógico. El fundamento era que es difícil conseguir que un maestro titulado vaya a trabajar a zonas muy alejadas. La condición fue que, luego de un tiempo, esos docentes sin título para ingresar a la carrera debían titularse.

Para facilitar ese objetivo desde hace más de veinte años se han dado facilidades de titulación y se ampliaron los plazos para la presentación del título profesional a los docentes interinos. Hasta antes del 2008, los que lo hacían podían ingresar a la carrera sin mayor exigencia. Eran casi 15 mil en esa situación. En el propósito de no tener docentes sin título pedagógico, el 2015 se organizó una evaluación excepcional para que los docentes interinos puedan formar parte de la carrera pública magisterial ingresando a la primera escala. Solo se inscribió la tercera parte aprobando la evaluación quinientos cuarenta y seis. Nuevamente, lo que primo fue la aplicación del criterio del mérito: ingresar por concurso a la carrera. La IV Sala Laboral Permanente de Lima declaró infundada la petición de docentes que no se habían presentado a la evaluación o no la aprobaron y que pedían que sea improcedente la evaluación excepcional.

En síntesis, las oportunidades para obtener el título pedagógico y luego postular el ingreso a la carrera pública magisterial han sido varias y desaprovechadas por un sector de maestros interinos. Lo que pretende la iniciativa planteada por algunos congresistas de la Comisión de Educación no es darles otra oportunidad, sino más de una y con una serie de ventajas. Sería desconocer uno de los pilares fundamentales de una carrera moderna y rigurosamente exigente que es lo que demanda nuestro sistema educativo para salir de su crisis.

Un problema adicional que se desprende de esta iniciativa es que las plazas no cubiertas por maestros interinos que no ganaron el concurso en su momento ya fueron cubiertas por otros maestros titulados que sí se sometieron a la evaluación. Esas plazas suman en total ocho mil seiscientos, según datos del Ministerio de Educación. Lo mismo sucede con los directores que no aprobaron o no se presentaron a la evaluación excepcional.

¿Deberíamos nombrar plazas indebidamente? La respuesta debería ser no. Entre el 2000 y 2017 la matrícula estatal de educación básica se redujo en setecientos tres mil estudiantes mientras los docentes aumentaron en cien mil. Las nuevas plazas que se creen deben tener una sólida justificación; de lo contrario, las demandas de mejor salario para el profesorado se serán más difíciles de atender.




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