La planificación del futuro de la educación en las grandes ciudades se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las economías modernas y/o de gran dinámica demográfica producto de las presiones migratorias. Es una tarea en donde intervienen diversas variables, especialmente no educativas, pero de fuerte incidencia en el funcionamiento de los centros de enseñanza y en los objetivos de formación integral de los estudiantes.
En América Latina, una característica del crecimiento urbano es que la población migrante hacia las ciudades proviene generalmente de los estratos socioeconómicos más pobres. Lo hacen en busca de oportunidades de empleo, educación y esperanza de una mejor calidad de vida. Al no estar las ciudades preparadas, surgen diversos problemas de abastecimiento de servicios de agua, vivienda, salud, educación transportes, además de impactos en el medio ambiente, la seguridad ciudadana y la democratización equitativa del acceso a muchos de esos servicios esenciales básicos. Un reto, desde ahora, es desarrollar una estrategia de ordenamiento territorial que permita, a las ciudades de mayor crecimiento, enfrentar en mejores condiciones la presión que ejercen los flujos migratorios. En particular, tendrán que organizarse en las zonas periféricas, servicios esenciales suficientes que produzcan el menor daño climático y ecológico posible, que afiancen el desarrollo de ciudades sostenibles, seguras, con calidad de vida y oportunidades por vivienda, asistencia médica, educación, salud y empleo. La tecnología debe ser un pilar fundamental de desarrollo de una conciencia y educación ciudadana.
De no hacerlo, el aumento de problemas sociales de considerable magnitud terminarán afectando, aún más de lo que ya acontece, la seguridad y calidad de vida de las personas. Son varios los ejemplos que ofrece la experiencia en América Latina sobre la falta de un ordenado crecimiento del territorio. Las favelas, en Río de Janeiro, están relacionadas fuertemente con altos índices de delinciencia juvenil e infantil. En El Salvador, luego de finalizar la guerrila que azotó el país durante varios años, quedaron sin ocupación muchos de los guerrilleros y soldados que habían participado en el conflicto. Muchos migraron a los Estados Unidos y formaron la pandilla de jóvenes criminales denominada Maras Salvatrucha. Es una pandilla que se ha desarrollado no solamente en ese país, sino también operan en México, El Salvador, Honduras y otras naciones centroamericanas. Se han convertido en el problema social número uno en varios de esos países.
Mirar la experiencia de naciones y ciudades que han pasado situaciones como las que vive el Perú de dinámico desarrollo poblacional de sus ciudades resulta indispensable. Hay mucha investigación aprovechable que ilustra sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de un crecimiento desordenado de las ciudades. Por ejemplo, se ha demostrado que en las localidades de mayor segregación y pobreza, hay una estrecha relación entre la cotidianeidad de la violencia y otras variables como: el crecimiento de la economía ilegal, el elevado desempleo, la falta de empleos de calidad e ingresos mínimos, la inseguridad en el acceso y la tenencia de la vivienda y sus servicios básicos, la precariedad ambiental, la impunidad, el clientelismo, la corrupción y la inexistencia de políticas públicas de prevención. Las oportunidades de participación o de ser escuchado equitativamente por las autoridades son escasas (Violencia juvenil en América Latina. Arturo Alvarado, Colegio de México, 2013).
Caso peruano
Estadísticas del INEI calculan que al 2015 la población de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se acercaba a los 11 millones de habitantes y que en muy pocos años Arequipa y Trujillo estarán alcanzando el millón de habitantes. Trujillo es una ciudad que no ha esperado tener más de un millón de habitantes para tener varias expresiones de violencia delincuencial, juvenil y hasta infantil. Actualmente el 48% de la población peruana vive en las quince ciudades más pobladas, porcentaje que seguirá creciendo y, sobre todo, en países en desarrollo como el Perú.
Al igual que en otros países, el crecimiento poblacional de las ciudades viene acompañado de diversas situaciones por resolver. Lima crece verticalmente, con graves problemas de tránsito, insuficiencia de servicios básicos en muchas de las zonas periféricas de gran pobreza, una enorme tasa de informalidad laboral y el aumento de la inseguridad ciudadana. Hay zonas en donde la compra de bidones de agua potable termina costando más que en los barrios residenciales. En dichas zonas la promiscuidad llega a límites inaceptables. Un estudio del Banco Mundial en América Latina (2015), estima que en el Perú existe algo más de un millón de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Ellos están principalmente concentrados en Arequipa, Callao, Lima, Ica, San Martín, Tacna y Tumbes. 58% de los ninis son mujeres; de ellas, 54% carece de secundaria completa. Entre los ninis varones, 45% no tiene secundaria completa.
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, basándose en estadísticas del INEI, encontró una correlación entre la cantidad de ninis y la violencia juvenil: en el 2014, Tumbes registró 173.5 denuncias de delitos por cada 10 mil habitantes, la tasa más alta en el país. Callao tuvo 133.1 y Lima 123.6 denuncias por cada 10 mil habitantes.
El embarazo prematuro entre las mujeres es uno de los factores que contribuye al aumento de los ninis y representa el 50% de las causas del abandono escolar. El 90% de madres y embarazadas adolescentes no va al colegio, deduciéndose que nueve de cada diez madres o gestantes abandonaría los estudios. Es madre una de cada cinco adolescentes del quintil inferior del ingreso. En cambio, en el quintil más alto del ingreso, esa relación es diez veces menor.
El Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha encontrado que la violencia y el consumo de drogas aumentan la inseguridad ciudadana. Esta afirmación la corroboran las encuestas aplicadas por Cedro en donde el 45.3% de los entrevistados llega a similar conclusión. Lo grave es que, según Devida, el 23.3% de los estudiantes de secundaria consume drogas legales (tabaco y alcohol), 3.8% drogas ilegales y 3.2% drogas médicas (2012). Una expresión creciente de violencia el el aumento de la tenencia de armas y homicidios a cargo de niños y jóvenes entre 10 y 29 años.
Impactos en la educación
Estudios de la OCDE muestran que las brechas urbano rural son expresivas de los resultados de aprendizaje. En países de alto desarrollo de la urbanización, el rendimiento mejora de manera importante; pero a condición que se utilicen estrategias y metodologías de trabajo en las escuelas que tengan presente: (i) la alta heterogeneidad de los estudiantes que se atienden, (ii) la necesidad de construir ambientes culturales agradables y de aprendizajes de mayor riqueza, (iii) la disponibilidad de infraestructuras adecuadas al desarrollo tecnológico que se vive; y (iv) la promoción de atractivos proyectos de vida para los estudiantes que los motiven a ser altamente responsables de su educación. En las grandes ciudades de Portugal e Israel, pueden encontrarse rendimientos escolares tan buenos como los de Singapur, y en Polonia tan buenos como el de Hong Kong (In Focus, Pisa, OCDE).
En muchas ciudades del Perú, las escuelas ubicadas en las zonas periféricas de las ciudades descuidan esas estrategias y metodologías de trabajo. En la educación secundaria poco tiempo se destina a que los estudiantes tengan conocimiento de sí mismos, de su realidad, recursos y ofertas educativas existentes en la zona; que eleven su autoestima y que reflexionen sobre sus proyectos de vida. A ello se suma la pobre valoración de muchos directivos y docentes sobre los saberes y competencias de esta población.
Las expectativas de muchos de los que egresan de la secundaria es el ingreso al mundo de la informalidad laboral o una corta carrera técnica. Pocos aspiran a seguir estudios superiores, principalmente en una universidad. Hay encuestas que revelan que solo la mitad de los padres de familia están en capacidad de orientar a sus hijos sobre los oficios que podrían convenirles; tampoco la mayoría de los jóvenes tiene una idea clara al respecto, desconociendo sus potencialidades y el mundo laboral. Son situaciones que llevan al estudiante a evadir decisiones, equivocarse en la elección de la carrera, decidir sin haber recibido preparación específica o dejar que decidan los padres o los amigos.
Es evidente la necesidad de fortalecer en esas áreas geográficas los servicios de Tutoría y Orientación. Pero para tener éxito se requiere focalizar con claridad el objetivo a buscar: ¿mejorar aprendizajes, procurar un desarrollo positivo de los jóvenes, asegurar su permanencia en la escuela, que completen los estudios o ayudar a tener un empleo?. En función del objetivo prioritario es que habrá que definir las estrategias, recursos y modalidades de trabajo.
La experiencia internacional muestra lo clave que resulta la articulación de la tutoría con otros servicios al interior de la escuela o externos, como son los que brindan las ONG o jóvenes que trabajan en programas sociales comunitarios. Las acciones que se organicen deben tener en cuenta las características de los jóvenes y la necesidad de lograr una relación de confianza y calidad con el tutor. En las escuelas públicas lograrlo no es fácil. Los tutores no están adecuadamente reconocidos salarialmente ni reciben una capacitación permanente que les permita enfrentar las diversas situaciones que enfrentan sus estudiantes. Dicha capacitación debería ilustrar, a partir de la evidencia, sobre lo que funciona y no funciona en las políticas de desarrollo de la tutoría.
Por ejemplo, no tiene mayor impacto difundir información para sustituir comportamientos de riesgo de infecciones de trasmisión sexual, VIH y salud sexual y reproductiva, si no van acompañadas de la entrega de herramientas y capacidades concretas para que los adolescentes negocien con sus parejas el uso de preservativos. El impacto es muy pequeño igualmente si se quiere enfrentar un problema grave de los estudiantes con un solo tipo de intervención; más bien se requieren acciones más complejas: el delito y la agresión entre adolescentes puede reducirse si no se limita solo a tutorías para jóvenes y se amplía a la consejería para la familia, la referencia a servicios de salud o protección social.
Comprometer la participación de la familia tiene muchos beneficios Estudios realizados por el BID muestran que el apoyo a adolescentes infractores de la Ley y a sus familias reduce en 35% la comisión de delitos graves frente a intervenciones basadas en los servicios de libertad condicional provistos regularmente para los infractores; igualmente, las intervenciones breves dirigidas a mejorar las capacidades de mediación intrafamiliar reducen la incidencia de interacciones hostiles entre padres y jóvenes dentro del hogar, y también comportamientos violentos o agresivos de los jóvenes fuera del hogar; finalmente, los programas de terapia familiar combinados con la formación de capacidades en los padres para mejorar la comunicación, prácticas de disciplina, regulación de límites y supervisión tienen impactos positivos.
Las últimas semanas han sido objeto de conocimiento por parte de la opinión pública de gravísmos atentados en contra de la seguridad y la vida de muchos ciudadanos; en especial, de niños y jóvenes. Los procesos de solución de estos problemas son muy complejos pero hay que empezar a enfrentarlos, de lo contrario, lo riesgos de inseguridad aumentarán y el control de la situación será mas difícil. En la escuela pública está parte de esa responsabilidad la que, para ser cumplida, debe ser apoyada con los recursos necesarios por el Estado.
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