La ofensiva conservadora contra la igualdad de género en la educación pretende echarse abajo tres consensos, construidos laboriosamente por la sociedad. Resulta no solo curioso, sino indignante, contemplar cómo hoy unos cuantos jueces de una Sala Civil del poder Judicial de Lima intentan, vía la anulación del currículo nacional, borrar principios y mandatos con 70 años de vigencia.
En primer lugar, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal. Ya estaba presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y hoy la OEA y la ONU lo reafirman. La ONU asume la igualdad de género como enfoque porque beneficia a toda la sociedad y en todos estos instrumentos se prohíbe la discriminación por motivos de clase, sexo, edad, color, etnia, cultura, creencias, idioma, opinión, orientación sexual o de cualquier otra índole. La ONU establece además que "La cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación" en todos sus aspectos y componentes, para poder "cambiar los roles de género creados por la sociedad" que socavan las oportunidades de las niñas y las mujeres.
Contamos, asimismo, con consensos nacionales plasmados en nuestra Constitución, que nuevamente ratifican que ninguna persona puede ser discriminada por ningún motivo. Esto está ratificado en el Acuerdo Nacional (políticas 11 y 12) que obliga al Estado a viabilizar la igualdad de género en todas sus políticas, incluyendo la educación. La Ley G. de Educación obliga a una educación "sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación" y el Plan Nacional de Igualdad de Género asume el enfoque de género como principio fundamental para superar la asimetría en las relaciones entre hombres y mujeres y obliga al Estado a transversalizarlo en todos los ministerios e instituciones.
En tercer lugar, cada vez más instituciones de la sociedad se vienen manifestando a favor de la igualdad de género en el currículo. El Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, Fe y Alegría, la Red Nacional de Educación de la Niña, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación. La sociedad está tejiendo un consenso social en defensa de nuestros principios ya consagrados.
No permitiremos que esta tropelía contra derechos fundamentales se lleve a cabo a través de un acto arbitrario disfrazado de jurisprudencia, pero que trazuma a todas luces grosera manipulación.
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