¿Qué congresistas tienen "leyes con nombre propio"? El Congreso de la República tiene la facultad de promover leyes que beneficien a la sociedad en su conjunto, pero en algunos casos ocurre completamente lo contrario: existen congresistas que no promueven iniciativas legislativas por el bien de la comunidad sino para su propio beneficio o de un pariente, amigo o compañero cercano. Aquí nacen las famosas "leyes con nombre propio".
Como primer caso se tiene el de la más reciente violación al Código de Ética nos encontramos con el congresista fujimorista Elard Melgar, perteneciente a Fuerza Popular. Este congresista habría promovido una ley para eliminar el uso de leche en polvo en la elaboración de otros productos lácteos. Esta norma lo favoreció debido a que es dueño de Agropecuaria San Ramón, que abastece de leche a la empresa Gloria. La contribución que genera la ley en la actividad productora de su empresa es clara al denegar el uso leche en polvo en la elaboración de productos lácteos las industrias de este rubro se verán obligados a destinar un mayor presupuesto a la compra de leche líquida de vaca, la cual favorecerá a la empresa del congresista Melgar.
Otra caso ocurre con Justiniano Apaza, quien encabezó la Comisión de Transportes del Congreso sin declarar que ocupó el puesto de administrador de la empresa de transportes Red Star Investment SAC, que actualmente manejan sus hijos. El congresista Apaza desde el puesto que ocupa tiene la facultad de poder generar proyectos de ley u otras actividades para beneficiar directamente a su empresa.
El congresista Tomás Zamudio omitió mencionar en su descripción de bienes un patrimonio agrícola. Meses después fue nombrado titular de la Comisión Agraria del Congreso de la República, desde ese puesto el parlamentario podía generar beneficios e incluso fue denunciado por realizar gestiones ajenas a su función y solicitar la colocación de su personal de confianza.
Un caso bastante particular es el de Modesto Figueroa Minaya, congresista fujimorista vinculado con la minería ilegal desde sus comienzos en la política. Su relación con buscar favorecer a la minería ilegal tiene una explicación sustentada. Fue acelerado el crecimiento empresarial de Figueroa Minaya, quien pasó de dedicarse a la venta ambulatoria y prestar servicio de mototaxi a ser dueño de seis empresas para comercio y distribución de combustible en la región de Puerto Maldonado, la cual siempre se encontró ligada a la venta ilegal de combustible proveniente de los saldos de la actividad minera de manera ilícita.
Roberto Vieira aparece como miembro en la Comisión de Producción, sin embargo, este congresista está relacionado con el sector pesquero debido a que ocupa el puesto de presidente del Frente Nacional de la Pesca. Vieira prepara proyectos de ley sobre el rubro y a partir de estos puede generar ventajas para su asociación. Por otro lado, el congresista fujimorista Freddy Sarmiento se mantendrá en la Comisión de Producción a pesar de haber sido acusado en de tener nexos en el sector pesquero.
Lucio Ávila y Guillermo Bocángel son dos congresistas fujimoristas que encabezan la Comisión de educación. Existe una crítica atrás del nombramiento de estos dos legisladores como miembros de este rubro debido a que ellos son dos de los rectores que se opusieron a la aplicación de la ley universitaria.
En la Comisión de Vivienda y Construcción existen grandes conflictos de intereses, en los que destacan: la legisladora fujimorista Marita Herrera Arévalo, miembro titular, según su hoja de vida es accionista de Kubica Construcciones E.I.R.L. y Metrika Servicios Generales S.A.C, el fujimorista Israel Tito Lazo Julca, socio de Artycons Constructores S.A.C., y Osías Ramírez, quien participa en los negocios inmobiliarios de su hermano Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. Desde su curul en esta comisión estos tres congresistas pueden ejercer su poder para favorecer a sus respectivas empresas.
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