El congresista Javier Velásquez Quesquén (APRA) aseguró que su proyecto de ley sobre los cambios en la reforma universitaria busca mejorar los estándares de las universidades públicas y privadas y no devolverle el control de las universidades a los rectores.
En una entrevista con el Diario Oficial El Peruano, explicó que los cambios que propone su proyecto son cambios en la educación virtual, en el límite de edad de los docentes y en garantizar la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
"Los cambios no deben tener ningún sesgo, ni tienen el ánimo de querer devolverle el control de las universidades a los rectores. El objetivo es mejorarla, tal como se hizo con la Reforma Magisterial", apuntó.
Usted presentó una iniciativa con la finalidad de hacer diversas modificaciones a la Ley Universitaria, ¿cuáles son los principales cambios que propone?
-Mi propuesta siempre tuvo la intención de hacer algunas modificaciones, nunca se pretendió desmontar los avances de la Ley Universitaria. Nosotros consideramos que hoy existen actores del sector educativo que están de acuerdo en proponer algunas modificaciones a esta reforma.
Por ejemplo, los cambios pasan por el porcentaje de la educación virtual, el límite de edad para enseñar en las universidades y, lo que siempre hemos sostenido, garantizar la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), para que no dependa del Ministerio de Educación y su jefe sea nombrado por este sector, ni tampoco por los rectores de las casas de estudios del país. Queremos una mayor autonomía de la Sunedu.
-¿Considera que este tema debe ser una prioridad en la próxima Legislatura que se iniciará en marzo?
-Así es, lo que voy a plantear en marzo, cuando se inicie una nueva Legislatura, será que la Comisión de Educación del Parlamento abra un amplio debate, con la participación de la academia, la universidad, los organismos de la producción, como los gremios empresariales, entre otros. Este debate nos permitirá ver cómo mejoramos y evaluamos el avance de la ley y, a partir de ahí, establecer propuestas de modificaciones para seguir implementando las reformas. Si vemos que algunos planteamientos son inconvenientes los vamos a retirar y recogeremos todo aquello que vaya en beneficio de impulsar la reforma.
-No es el único congresista que ha planteado modificaciones, pues basta ver los proyectos de otras bancadas...
-Exactamente, pero como dije anteriormente, todo lo que planteamos es con el afán de mejorar la reforma existente, no para desmontarla. Entonces con nuestro pedido se abrirá un amplio debate y no tenemos porqué precipitar una decisión rápida. ¿Por qué digo esto?, porque las leyes de reforma universitaria no se cambian todos los años o todos los meses, es muy bueno que se haya dado esta ley porque reemplazaba una que tenía 30 años de antigüedad, entonces, necesitamos hacerle ajustes a esta reforma para que pueda garantizar su continuidad en el tiempo. Pero hay que señalarlo, estos cambios no deben tener ningún sesgo, ni tener el ánimo de querer devolverle el control de las universidades a los rectores. Ese no es el propósito de mi propuesta que en su momento fue criticada. El objetivo es mejorarla, tal como se hizo con la Reforma Magisterial.
-¿Qué otros cambios deben implementarse en esta reforma establecida durante el pasado gobierno?
-Por ejemplo, está el tema del licenciamiento de las universidades, creo que debe haber uno solo. Es decir, que las universidades se licencien una sola vez y no cada seis años como lo establece la ley. Y luego hacer un esfuerzo institucional para garantizar la acreditación. Una universidad que tiene licencia de funcionamiento tiene que entender que su segundo esfuerzo debe ser mejorar la calidad de formación educativa y eso pasa por la acreditación. Ahí debemos poner el esfuerzo.
Segundo, tenemos que promover que se doten mayores recursos a las universidades públicas especialmente, para hacerlas competitivas con las privadas. Tercero, el reencuentro que debe haber entre la universidad y la realidad del país. Ahora han aparecido nuevos actores económicos y sociales, y la universidad, a la luz de esa nueva realidad, tiene que interpretar cómo puede ser el gran instrumento de reformas para el país.
-¿Qué ocurrió con ese fondo de canon minero destinado a las universidades públicas, qué balance se puede dar de este apoyo?
-Es cierto, hoy un porcentaje del canon va para las universidades públicas, pero el problema es que estas casas de estudio, como les han acortado los conceptos para los cuales pueden gastar, no han venido invirtiendo ese dinero. Lo que hay que ver es cómo todo ese porcentaje lo metemos en investigación básicamente, para que las universidades verdaderamente sean centros de creación y de ciencia.
-¿Qué otro tipo de cambios deben hacerse a la Ley Universitaria?
-Si hablamos de cambios sustanciales, debemos garantizar su autonomía y esto pasa porque la Sunedu tenga, primero, un rol autónomo con relación al Poder Ejecutivo, que no sea la Sunedu del gobierno, sino la Sunedu del Estado peruano y del sistema universitario. Segundo, que cualitativamente hoy día debemos hacer un solo licenciamiento a las universidades, estas pasan por los estándares básicos que exige la ley para que funcionen, se verán sus licencias de funcionamiento y de ahí vamos a la acreditación que es lo que va a generar la excelencia.
Revisión de ceses
-También presentó un proyecto de ley que incorpora a profesionales de la salud que han sido indebidamente cesados, ¿cuál es su importancia?
-En el sector público existen procedimientos para evaluar a los profesionales y, en el eventual caso que el servidor que no cumplan con su función, pueden ser separados, pero no al estilo militar como se ha hecho en el sector Salud. Lo que planteamos es que se revisen estas separaciones ya que si son ilegales estos profesionales puedan ser reincorporados. Hay que acabar con el clientelismo en el sector público, no puede ser que el gobierno que entra pone a su "gente", yo creo que hay que generar toda una línea de carrera en el servicio púbico que trascienda a los gobiernos.
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