Profesionales del Sindep se amparan en medida cautelar para volver a los cargos que dejaron tras el concurso convocado por el Minedu durante el 2014. Directivos que aprobaron el examen se oponen a esta resolución y esperan decisión de las UGEL: En su momento más tenso y con las expectativas al tope. Así se encuentra la disputa que, desde hace más de dos años, mantiene dividido a un gran número de profesionales del sector Educación en Lambayeque.
Se trata de más de 160 plazas que se han convertido en la manzana de la discordia. Por un lado, están quienes ocuparon dichos puestos de trabajo hasta antes del Concurso Público de Acceso a Cargos de Director y Subdirector 2014, convocado por el Ministerio de Educación (Minedu).
Ellos, en su momento, expresaron su rechazo al modo en que se desarrollaba dicho concurso, al punto de llevar el caso hasta la vía judicial con la finalidad de ser repuestos en el cargo. Por otro lado, están los profesionales que rindieron el mencionado examen del 2014 y, tras esto, pasaron a ocupar las plazas en los diversos planteles educativos de las tres provincias lambayecanas.
En diciembre último, el Juzgado Mixto de Rodríguez de Mendoza (Amazonas) resolvió a favor del primer grupo de docentes, tras lo cual el mismo gerente regional de Educación, Ulises Guevara Paico, vaticinó la llegada de un "conflicto tremendo" y la posibilidad de que alrededor de 300 directores dejen las plazas que obtuvieron en el 2014 mediante concurso.
Lo cierto es que, por el momento, el mencionado fallo judicial y el consecuente reclamo de los directivos que se oponen a dejar sus puestos, ha dado lugar a una tensa calma mientras se espera las decisión de las instancias que tienen a su cargo el pronunciamiento final sobre el temas: las unidades de gestión educativa local (Ugel) de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe.
ANTERIOR. La historia de este lío que tiene como escenario al sector Educación se remonta al 2014, cuando en septiembre se hizo la convocatoria para el concurso público de acceso a cargos de director y subdirector. La voz disidente vino por parte del Sindicato Nacional de Directivos Instituciones Educativas Públicas del Perú (Sindep), agrupación cuyos integrantes sostuvieron que el proceso no se estaba realizando de la manera correcta.
Melva Cardenas Castro, actual secretaria general del Sindep, señala que a nivel nacional fueron un total de 11 mil 500 profesionales los que perdieron sus plazas a raíz del mencionado examen. Las pugnas no se hicieron esperar y el 2015 comenzó con diversas protestas por parte de ambos bandos.
En aquel entonces, se informó que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque otorgó sendas medidas cautelares para que los directivos vuelvan a sus plazas. No obstante, dichas resoluciones fueron revocadas al poco tiempo por los magistrados de otras instancias. Esto no impidió que otras acciones de amparo sean presentadas en instancias judiciales de otras regiones, como es el caso del Juzgado Mixto de Bagua Grande.
En medio de todo el alboroto, en septiembre del 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia admitió la sentencia de acción popular N° 6140, que ordenaba al Minedu la reposición en sus cargos de los directores y subdirectores.
Sin embargo, en marzo del 2016, el Vigésimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente dio por concluida la sentencia N° 6140, al considerar que el Minedu ya había cumplido con las misma al dejar sin efecto el concurso de acceso a cargos directivos 2013. Cabe indicar que este último nunca se llegó a concretar y fue por ello que el Minedu convocó nuevamente a una evaluación en el 2014.
Esta última decisión parecía asegurar la permanencia de los docentes que aprobaron dicho concurso, pero una nueva medida cautelar, a favor de los más de 11 mil profesionales retirados de sus cargos, saldría a la luz en diciembre del 2016 para dejar en claro que este conflicto aún no había terminado.
RECLAMO. Floro Heredia Chiroque es quien ha venido liderando los reclamos para defender la permanencia de los directivos que aprobaron el examen en el 2014. Él mismo accedió al cargo en la institución educativa Rosa Flores de Oliva de Chiclayo a través del mencionado proceso que convocó el Minedu.
Heredia Chiroque critica que la medida cautelar en cuestión haya sido emitida por un juez de una región distinta a Lambayeque, Hugo Higinio Custodio, quien además era provisional en el Juzgado Mixto de Rodríguez de Mendoza y, luego de una queja presentada en su contra, termino siendo destituido.
"El día 7 (de diciembre) lo destituyen y el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que todos los actos administrativos que haya hecho no tienen valor. Se ha designado a un nuevo juez, que es quien tendrá que revisar el caso", señaló al respecto Floro Heredia.
Criticó, además, al gerente regional Ulises Guevara, pues afirmó que este habría intentado dar la razón a una medida cautelar que "estaría trayéndose abajo la Ley de Reforma Magisterial y eso no es posible, sino que un juez corrupto lamentablementeha dado una resolución que está al margen de las normas legales".
A FAVOR. Por otra parte, Correo conversó con la lideresa nacional del Sindep, Melva Cardenas Castro, quien sostuvo que lo principal es hacer cumplir la sentencia N° 6140. "Lo único que dice la medida cautelar es que toda sentencia se ejecuta, (...) ahora ellos (el otro bando en disputa) dicen que el juez ha sido sancionado y que por eso el juez que viene va a anular el proceso. Nosotros tenemos una resolución que seguramente en el transcurso de la semana nos deben estar notificando", aseveró la dirigente.
Precisó que se trata de la resolución N° 06 del juez Luis Alberto Arias Requejo, con la cual se respaldaría la decisión tomada en la medida cautelar sobre reponerlos en sus plazas. Para Melva Cardenas, todo ya está decidido al existir una resolución judicial y solo quedaría esperar a que las tres Ugel emitan la resoluciones respectivas.
"Esta medida cautelar se tiene que ejecutar sí o sí, de lo contrario se tienen que aplicar las sanciones que ha establecido el juez", recalcó la secretaria general del Sindep, quien también apuntó que no están en contra de la evaluación, pero sí al modo en que esta se está realizando desde el examen del 2014.
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