El dictamen -que fue aprobado en primera votación con 112 votos a favor y ninguno en contra- plantea que se priorice el funcionamiento de las residencias estudiantiles «porque permitirán el acceso a la educación universal de alumnos de educación básica regular que se encuentran en las zonas rurales del país, especialmente aquellos que pertenecen a los estratos sociales de pobreza y extrema pobreza».
En su disposiciones complementarias finales, se encarga a los ministerios de Educación, de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social así como a los gobiernos regionales y locales que correspondan a aplicar los alcances de la nueva iniciativa legal.
El presidente de la Comisión de Educación, el legislador Esdras Medina Minaya (RP), sustentó la futura ley afirmando que -de acuerdo a los estándares internacionales- nuestro país tiene el peor rendimiento académico, especialmente en razonamiento matemático y comprensión lectora.
El autor de la iniciativa legal, el congresista, Edwin Martínez Talavera (AP), intervino en el debate para invocar al presidente Castillo que invierta en el sector educativo.
La propuesta de ley tuvo el respaldo de los legisladores Elías Varas (PL) y de Mery Castañeda (FP) mientras que correspondió a la congresista Gladys Echaíz (APP) proponer -y así fue aceptado por la Representación Nacional- cambiar la denominación «albergue» por «residencia».
La propuesta legal fue exonerada del trámite de la segunda votación con 109 votos a favor, por lo que quedó listo para que sea promulgada por el Poder Ejecutivo.
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