De esta manera, el Estado vuelve a poner en agenda las demandas y necesidades de las juventudes entre 15 a 29 años, una población que representa el 24.1 % (7'869,975 personas) del total del país y que requiere una atención especial enfocada en su desarrollo integral y participación plena.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2019, el 16.8 % de jóvenes no estudia ni trabaja, mientras que el 82 % que labora, lo hace en situación de informalidad. La pandemia del Covid-19 está agravando dichos números. Por otra parte, en un escenario marcado por los efectos de la crisis sanitaria y las movilizaciones sociales, los jóvenes han mostrado un creciente interés por los asuntos públicos y una serie de demandas que deben ser atendidas con urgencia por el Estado.
El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, explica que con la reforma se busca que el Estado cuente con una institución capaz de articular el trabajo intersectorial en materia de juventud e impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, lo que se traducirá en mejoras en la calidad del empleo, el acceso a educación de calidad y salud integral, así como en la reducción de la discriminación y la violencia en la población joven.
"Además, la reforma permitirá promover espacios de participación juvenil efectivos, para que sus propuestas e iniciativas sean escuchadas en espacios de decisión a nivel nacional y regional, fortaleciendo así nuestra democracia", anota.
Por su parte, la secretaria de la SENAJU, Noelia Chávez, señala que los diagnósticos en materia de juventud y sobre la SENAJU, encargados por la OCDE en 2016-2017, muestran el debilitamiento progresivo de la entidad en los últimos años, lo que se evidencia en una capacidad de trabajo intersectorial muy limitada, espacios de participación juvenil con poca autonomía e impacto en los asuntos públicos, y una escasa capacidad de investigación y producción académica.
"Actualmente, la SENAJU no puede cumplir con su objetivo principal, que es impulsar el desarrollo integral de los jóvenes en temas de educación, trabajo, salud, prevención de la violencia, reducción de la discriminación y cierre de brechas en participación. Además, las juventudes casi no están presentes en espacios de decisión, y una reforma institucional es esencial para que esto cambie", indica.
Con este fin, el Minedu formará un grupo de trabajo sectorial que se encargará de redefinir el propósito y prioridades de la SENAJU, analizar si es pertinente reubicarla dentro del aparato público, generar una reestructuración interna y revisar si los instrumentos legales con los que se rige son los adecuados para cumplir sus funciones. Asimismo, convocará a expertos provenientes del sector público, la academia y la cooperación internacional que recabarán las recomendaciones de los jóvenes. Se espera que la propuesta esté lista en junio de este año.
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