Ambas entidades advirtieron que se vienen registrando hechos de represión policial. La CIDH expresó que percibe un uso excesivo de la fuerza policial y detenciones arbitrarias, ya que la protesta es un derecho. La ONU, por su parte, destacó que las autoridades peruanas deben garantizar el bienestar de los manifestantes.
"La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y las detenciones por el ejercicio del derecho a la protesta y cobertura periodística en el país, a raíz de la declaratoria de vacancia (destitución) de Martín Vizcarra como presidente", indicó el organismo en su cuenta de Twitter.
La organización precisó también que observa que se está vulnerando el derecho de defensa de los detenidos por parte de la Policía. Afirmó que estos no podrían establecer comunicación con asistencia jurídica, además se mostraron alertas por "la grave y prolongada detención de una adolescente de 14 años en la comisaría Alfonso Ugarte".
En la ONU, Jan Jarab, representante de Derechos Humanos en América del Sur, aseveró que su oficina está recibiendo reportes de lo que sucede en las protestas en Perú y refirió que es inquietante. Al respecto, llamó a las autoridades a asegurar el derecho a protestar, evitando la intromisión policial excesiva.
"La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes", recalcó Jarab.
También comunicó que se han constatado casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Al respecto, la ONU pidió poner fin a este tipo de procedimientos, por ser incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos.
Tanto la CIDH y la ONU advirtieron que se han producido agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación, lo cual rechazan tajantemente.
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