La discusión sobre los sentidos y funciones de la educación es parte importante de la lucha ideológica por la hegemonía de una visión de sociedad democrática con igualdad de oportunidades y justicia social, con respeto a la diversidad y a la dignidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas, en un marco de racionalidad y de afecto. La única manera de avanzar hacia esa visión de sociedad es mediante una educación que se esfuerce por construir espacios de aprendizaje y convivencia en los que se hagan realidad esos mismos principios y valores. En otras palabras, escuelas que anticipen y prefiguren la sociedad que queremos, porque tiene que haber coherencia entre la educación del presente y la sociedad del futuro. Por eso es muy relevante y pertinente este Seminario convocado por Foro Educativo sobre la cuestión de los sentidos de la Educación.
En este debate tenemos que comenzar reconociendo que, en la práctica, el sistema escolar peruano se orienta hacia fines muy distintos de los que enunciamos. Por lo general, los sentidos y funciones reales dominantes en nuestra educación son: la instrucción y el disciplinamiento de los estudiantes, la reproducción de las desigualdades y del sistema de control del comportamiento en la sociedad. Es decir, desde un punto de vista pragmático, los docentes y las escuelas intentan enseñar a los estudiantes algunos conocimientos y habilidades funcionales y procuran entrenarlos en el cumplimiento de reglas básicas de conducta necesarias para que fluyan los procesos en las aulas y en la sociedad.
Estos sentidos y funciones reales de nuestra educación sobreviven y son dominantes a pesar de los varios intentos de cambio realizados en el presente siglo en el país, que han tenido el propósito de alinear el sistema educativo con fines trascendentes como el desarrollo humano sostenible, la equidad, la democracia, la inclusión, la justicia social, y valores como la integridad y la solidaridad. A continuación, reseñaré cuatro experiencias que fracasaron en el intento de lograr coherencia entre los fines enunciados y el funcionamiento real del sistema educativo; luego propondré dos hipótesis explicativas de ese fracaso.
La primera experiencia ocurrió durante el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua en 2001 y fue impulsado desde el Ministerio de Educación, con amplio apoyo de Foro Educativo y otras organizaciones de la sociedad civil. Se realizó una ambiciosa consulta nacional y se sistematizó un conjunto de necesidades y propuestas, con lo que se produjo un enorme documento, rico en ideas y expectativas que debían orientar los cambios. Una segunda iniciativa fue conducida por la Comisión de Educación del Congreso de la República y concluyó con la aprobación unánime de una nueva Ley General de Educación, en 2003; este proceso también incluyó una amplia participación de la ciudadanía, consultas a especialistas y elaboración técnica especializada, además del debate parlamentario.
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