La fuerte caída de la matrícula de la educación de jóvenes y adultos, además de no estar compuesta necesariamente por estudiantes con 18 años o más, es la mayor expresión de la escasa prioridad que ha tenido esta oferta de enseñanza en las tres últimas décadas. En otras palabras, la respuesta del sistema educativo ha sido lamentable por tres motivos. En primer lugar, desde el año 2000 la matrícula estatal de la educación básica alternativa se redujo en 71,446 estudiantes mientras la matrícula privada creció en 19,546, no pudiendo compensar la fuerte caída total. Mientras en Perú el total de estudiantes de esta modalidad en relación a los mayores de 18 años representó el 1.8% en el 2017, en las naciones europeas esta tasa llega al 12.5%. En segundo lugar, en valores corrientes la inversión estatal por estudiante está en descenso desde el año 2009 y 2010 cuando se invertía 2,700 soles; en el 2017 se invierte 1,920 soles por estudiante. En tercer lugar, es lamentable porque la educación y capacitación, que juegan un papel clave en la generación de empleo, no alcanzó los estándares de calidad suficientes como para contribuir a reducir los novecientos mil desocupados y las dos terceras partes de empleo informal. Un asunto que debe ser bien comprendido por quienes ofertan este tipo de servicios es que el empleo formal no crecerá significativamente a menos que mejoremos la cobertura y calidad de la oferta de formación para jóvenes y adultos en situación de mayor vulnerabilidad.
Postergar la política de educación de jóvenes y adultos en los actuales tiempos adquiere un carácter especial, pues más que nunca, cualquier persona que se incorpora o pretende incorporarse al mercado laboral necesita participar de procesos pertinentes de educación y capacitación durante toda la vida para hacer frente a la transformación, desaparición o creación de nuevos empleos, los cuales dependen de diversos factores, no exclusivamente tecnológicos. La transformación de los empleos es el proceso que más avanza y que se vive con progresividades y complejidades en aumento, no solo entre trabajadores con mayor nivel de educación sino también entre los que vienen realizando actividades predominantemente rutinarias. Reparar un automóvil, atender en un restaurant, vender ropa en un establecimiento de retail, y miles de otras ocupaciones es ahora diferente a lo que fue hace pocos años y lo será nuevamente pronto. En todas estas actividades la informática y la inteligencia artificial obligan a contar con nuevas habilidades, pero también en muchos casos se requiere una base mínima de cultura, manejo básico del inglés, marketing, gestión y, en general, de relaciones humanas.
Hay un punto de partida que preocupa. Se necesita superar el analfabetismo absoluto que el 2016 afectó al 5.9% de la población de 15 años y más. Casi al finalizar la segunda década del siglo XXI, y en valores absolutos, ese 5.9% equivale a 1,346,000 analfabetos de los cuales 52% están en las áreas rurales. Todavía, entre los mayores de 24 años, un tercio carece de instrucción o su máximo nivel de educación es primaria incompleta o completa.
Pero tan importante como superar el analfabetismo absoluto es lograr la alfabetización digital. Su dimensión no se conoce con exactitud, pero algunos indicadores dan idea del esfuerzo por realizar. Según los datos del INEI, para el último trimestre del 2017 únicamente la tercera parte de los hogares peruanos contaba con al menos una computadora y los que tenían acceso a Internet apenas superaban la cuarta parte. Como es obvio suponer, en Lima Metropolitana está el mayor acceso a ambas herramientas y el gran desafío de la alfabetización digital está en las zonas rurales donde solo el 5.8% de los hogares cuenta con al menos un computador y 1.7% accede a Internet. El otro grupo que representa un desafío es la población de 6 años y más con educación primaria, pues según el INEI, uno de cada cinco accede a Internet frente al 92.4% de la población con educación superior universitaria.
Reformas necesarias
Son varios los indicadores que ilustran que, en la construcción de procesos de educación durante toda la vida, se parte de un escenario muy precario donde poco hay que rescatar y mucho por construir. Entre lo rescatable están modelos de oferta como los de SENATI, TECSUP y otros organizados por iniciativas de los gremios empresariales para promover la calidad y productividad de sus respectivos sectores. Se extraña el papel que jugaban institutos como el José Pardo. En cambio, el resto de la formación profesional y, sobre todo, la educación básica para jóvenes y adultos, necesitan reformas sustantivas de sus estructuras, tipos y gobernabilidad de sus ofertas.
Es indudable que se requiere mayor financiamiento público y privado, pero más importante serán las medidas que puedan adoptarse para flexibilizar y ampliar la variedad de modalidades de formación. Preferible es que el Estado cuente con menos centros de educación básica y técnico productiva, a condición que estén bien dotados en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Asimismo que la creación y funcionamiento de esos centros, tanto estatales como no estatales, repose en rigurosos mecanismos de licenciamiento y acreditación.
Las reformas de la Educación Básica Alternativa y de la Educación Técnico Productiva están entre las más importantes. La primera, y parte de la segunda, se ofrecen actualmente en los mismos locales donde asisten niños y adolescentes y, en el caso de la Básica Alternativa, con programas de estudio que tienen casi la misma orientación y estructura que los que se aplican en la Educación Básica Regular. Además de los numerosos problemas de uso de los locales, desde hace muchas décadas se ha insistido que los programas de estudio para jóvenes y adultos deben tener duración y contenidos diferentes; sin embargo, poco se avanzó, olvidándose que esta población ha desarrollado conocimientos y habilidades que aún no poseen los niños. La matrícula de la modalidad cayó no solo porque no fue prioritaria, sino principalmente porque tal como se ofrece no atrae ni incentiva a los jóvenes y adultos que la necesitan.
Experiencias en otros países pueden ayudarnos a establecer una política de educación para jóvenes y adultos. La multiplicidad de opciones, debido a la alta heterogeneidad de la demanda y la necesidad de aumentar la cobertura de participantes, obliga a no limitar las ofertas exclusivamente a la Educación Básica Alternativa o a la Educación Técnico Productiva formal. En ese objetivo, debería existir flexibilidad de opciones para el desarrollo de los programas de estudios, unos que lleven a completar la educación básica y otros que mediante cursos de educación técnico productiva, extraescolares, de educación semi-presencial y a distancia, a tiempo completo o parcial, habiliten y certifiquen en determinadas competencias en función de las necesidades de los usuarios.
La flexibilidad debe reflejarse igualmente en otros aspectos del funcionamiento de la oferta para jóvenes y adultos: en horarios de régimen nocturno o de enseñanza mixta que respondan a las posibilidades de los usuarios y no tanto a la conveniencia de la administración o del profesorado; así como en la posibilidad de emplear infraestructura que no necesariamente sean escuelas de educación básica regular. Las propuestas curriculares que se definan y la forma como se implementen son claves ya que las quejas de los estudiantes que asisten a los programas que se les ofrecen son la frondosidad, la poca pertinencia de los contenidos, el sometimiento a una cantidad excesiva de asignaturas, la desactualización del equipamiento y un profesorado que no está suficientemente calificado y que, con pocas excepciones ha vivido el mundo de la empresa.
Los países que van adelante en reformas para esta modalidad de estudios tienden a una racionalización del número de áreas de formación. Frente a las entre diez y doce que se incluyen en el currículo de la Educación Básica Regular, en la Educación Básica para jóvenes y adultos se opta por concentrarse en cuatro a seis áreas, con fuerte énfasis práctico. Entre las que más se incluyen están las siguientes: lectoescritura y comunicación, matemáticas para la vida, tecnologías de la comunicación e información, sociales y ciudadanía, inglés y desarrollo de habilidades para la empleabilidad.
Quienes impulsan las reformas son conscientes además que no todo joven o adulto que sin educación básica completa estará en la capacidad o disponibilidad de completarla, además que el financiamiento para cubrir toda la demanda sería una dificultad. Por ello la flexibilidad se da también en la posibilidad seguir cursos específicos, ser evaluado y lograr las certificaciones correspondientes facilitando de este modo el acceso o permanencia en el mercado de trabajo. En varios países latinoamericanos, por iniciativa empresarial propia o alentada con incentivos tributarios, se ofrecen una variedad de cursos con énfasis en el empleo o auto empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Son cursos que ayudan a disminuir dicha situación. Varios de ellos aprovechan el empleo de las tecnologías digitales pues se constata que son una herramienta muy poderosa y efectiva para atraer y calificar a jóvenes sin educación básica completa. Con modalidades de capacitación muy flexibles, se organizan, certifican o recertifican.
Gestión y financiamiento
Impulsar la educación de jóvenes y adultos demanda una organización más fuerte que la actual, capaz de promover el desarrollo de diferentes variedades de ofertas estatales y no estatales. Tres criterios que deberían evaluarse son los siguientes: Primero, la posibilidad de trasferir al Ministerio de Trabajo y Promoción Social y a otros ministerios mayores responsabilidades en la organización y promoción de programas de formación técnico profesional y para jóvenes y adultos sin educación básica completa. Implicaría fortalecer funciones, estructuras y financiamiento, así como un marco legal que exprese la convicción del Estado que más conveniente y barato le sale incentivar la contribución privada en la creación de oferta de educación y capacitación.
Segundo, es deseable que el financiamiento dirigido a las poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad sea principalmente público. No obstante, siendo las necesidades de educación y formación considerables, son imprescindibles fórmulas complementarias de financiamiento privado. Dos experiencias convendría revisar. En el Perú, en los años setenta, en el marco de la modalidad de calificación profesional extraordinaria, se alentó que las empresas creen Unidades de Formación/Producción autofinanciadas con el objetivo de calificar a sus trabajadores y a otros que pensaban reclutar. A cambio, las empresas eran incentivadas en su creación mediante incentivos tributarios.
Similar experiencia, que sigue funcionando en Chile, es el Servicio de Franquicia Tributaria (SENCE). Beneficia a trabajadores ocupados y desocupados e inactivos. Las empresas contribuyen con el 50% de los gastos de capacitación, cuando ésta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales excedan las 25 unidades tributarias mensuales y no superen las 50, y con el 85% de los gastos de capacitación, cuando ésta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales superen las 50 unidades tributarias mensuales. Frente a esa contribución, las empresas pueden descontar del monto a pagar en impuestos, los gastos efectuados en programas de capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional, en las cantidades que sean autorizadas de acuerdo al monto de la planilla anual correspondiente. En promedio no se debe exceder en el año de una suma máxima equivalente al uno por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso. Las empresas pueden desarrollar directamente las actividades de capacitación o contratar con instituciones especializadas, debidamente acreditadas e inscritas en un registro creado para el efecto.
Hay mucho por hacer por jóvenes y adultos que no han concluido su educación básica oportunamente. Como lo señala el título de este informe, no se puede seguir descuidando su atención. Debemos seguir reflexionando en su reforma e impulso.
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