En los últimos años hemos sido testigos de la activa movilización de las sociedades latinoamericanas. Éstas exigen mayores derechos sociales, especialmente el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Dichas demandas no son infundadas. Los estudiantes de América Latina y el Caribe están a varios años de distancia, en términos de aprendizajes esperados, de sus pares que estudian en los países desarrollados de la OCDE. Por ejemplo, la prueba PISA 2015 de ciencia, demostró que los alumnos chilenos y uruguayos se encuentran rezagados aproximadamente 2 años, mientras que los brasileños, colombianos, mexicanos y peruanos, 3 años.
Si bien los países de la región han ido mejorando la calidad de la educación que proveen a sus niños y jóvenes, la tasa de mejoramiento no es suficiente. Si seguimos a este ritmo, sólo lograremos alcanzar a los países de la OCDE dentro de varias décadas más. Incluso Perú y Colombia, que se encuentran entre los países que más han avanzado en las pruebas PISA, tomarían entre 21 y 29 años, respectivamente, en alcanzar el promedio OCDE.
Asimismo, la región sigue en deuda con la justicia social. Por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA muestran que en Brasil, Colombia y Perú, los estudiantes más pobres poseen niveles de aprendizajes equivalentes a 3 años menos de escolaridad que sus pares más ricos.
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