Tras la disolución del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, los congresistas perderán esta semana la inmunidad parlamentaria y en algunos casos deberán enfrentarse a la justicia ordinaria.
La inmunidad protege a los padres de la patria de ser arrestados o procesados sin que el Congreso dé previamente su autorización.
El abogado constitucionalista Roberto Pereira había explicado que la inmunidad se perderá debido a que la Constitución señala que solo la acompaña 30 días posteriores al cese del cargo.
"A partir de los 30 días contados desde la disolución cualquier fiscal o juez va a poder citar a los congresistas a los que se les ha requerido el levantamiento de su inmunidad para investigarlos y procesarlos", explicó Pereira.
Fueron 7 los miembros del disuelto Congreso quienes fueron blindados en su momento por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad.
Wilbert Rozas acusado de peculado doloso por la presunta adquisición irregular de un sistema de cómputo cuando fue alcalde de Anta (Cusco).
Edilberto Curro López, acusado de falsedad genérica por haber aprobado irregularmente un ciclo de la carrera de derecho en una universidad de Puno.
A su vez, Betty Ananculí, por haber mentido sobre sus estudios técnicos en su currículum presentado en 2016 ante el JNE.
También está Yesenia Ponce, denunciada por Cuarto Poder por presentar documentación falsa para acreditar que terminó la secundaria.
Por su parte está Benicio Ríos, sentenciado a 7 años de cárcel por la compra sobrevalorada de un terreno destinado para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba.
Edwin Donayre, prófugo de la justicia, condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por apropiación ilícita de gasolina cuando era general del Ejército. La inmunidad se la levantaron cuando estaba prófugo.
Y finalmente Moisés Mamani, legislador investigado por presuntos tocamientos indebidos en contra de una aeromoza de la aerolínea Latam en un vuelo de Puno a Lima, por lo que fue suspendido de sus funciones congresales.
Pero hay otros legisladores investigados por la Fiscalía por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como congresistas, como Roberto Vieira, por supuestamente haber beneficiado a una embarcación pesquera para que le levanten la sanción.
También Héctor Becerril por el caso de los Wachiturros de Tumán que está en etapa de investigación preliminar. Además por haber pedido al alcalde de Aucallama un pago de miles de soles a cambio de interceder con proyectos de agua y desagüe.
También están Javier Velásquez Quesquén, Clemente Flores, César Vásquez, Carlos Bruce, por tráfico de influencias. Richard Acuña está investigado por patrocinio ilegal, y por cobrar en semana de representación cuando no estaban en sus regiones están Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura y Jorge Castro.
Por cobro de diezmo a sus trabajadores están César Campos, Lizbeth Robles y Jorge Castro. El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry también está en la lista por presuntamente haber falseado información.
Mecerdes Aráoz, Lucio Ávila y Marita Hererra (junto también a Bruce) tienen denuncia por la supuesta compra de votos para evitar la vacancia.
Los miembros de la Comisión Permanente, que siguen en funciones, sí permanecerán bajo el paraguas de la inmunidad durante el período hasta que se instale el nuevo congreso.
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