Las congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), autoras del informe acusatorio, han sustentado la denuncia que recae sobre la exparlamentaria del Partido Aprista Peruano.
Según la tesis fiscal, León tuvo participación en la gestión irregular para la realización de obras públicas en el municipio de La Victoria entre marzo del 2017 y mayo del 2018. La exparlamentaria habría recibido dinero y favorecido a empresas y consorcios vinculados a Alexander Peña, sindicado por la Fiscalía de ser el líder de la organización denominada los Intocables Ediles.
También se le acusa de contrataciones de personal inexistente para su despacho en el Congreso (trabajadores fantasma). El sueldo que no percibía persona alguna era destinado finalmente a la excongresista denunciada, según el informe final.
Durante su intervención, Luciana León aseguró que no tiene previsto continuar en la vida política y que solo busca que se conozca la verdad de los hechos.
"Esto corresponde a una venganza política, a la intención de eliminar una vez más a alguien de un partido político. Ya no formo parte de un partido político, ya colgué las zapatillas. Hoy día será mi última participación en un fuero político porque esa ya no es mi intención, tan solo quiero que se escuche la verdad", señaló.
Aseguró que la denuncia en su contra forma parte de un intento de "criminalizar" la tarea legislativa.
"Me voy con la tranquilidad de no haber apelado a la sensibilidad de cada uno de ustedes, sino a la sensatez, porque tienen una enorme responsabilidad. Lo que van a querer seguir haciendo es poner contra la pared al Congreso de la República. No lo permitan, y menos aún la tarea de representación", puntualizó.
La congresista Ruth Luque (CD-JPP) se mostró en contra de que no se haya incluido en el informe final el delito de organización criminal, por lo que solicitó una cuestión previa para ello.
Sin embargo, el presidente del Congreso, José Williams, explicó que no era posible dado que ello solo hubiera sido posible previo a la participación de Luciana León, por lo que lo único que podrían solicitar los parlamentarios es que retorne a la Comisión Permanente.
Williams anunció que, al igual que en el referido grupo de trabajo, el pleno votará delito por delito. Es decir, si se le acusa por: tráfico de influencias (1), cohecho pasivo impropio (2) y peculado doloso por apropiación (3). Para la presente votación no participarán los integrantes de la mencionada comisión.
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