SUNEDU: Titular reafirma que institución es respetuosa de la autonomía universitaria

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SUPERINTENDENTE, OSWALDO ZEGARRA, INFORMÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO, DETALLES DEL PROCESO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA: Ante la Comisión de Educación del Congreso de la República, el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, afirmó que la institución que preside no es política ni responde a intereses de ningún tipo, por el contrario, respeta la autonomía de los comités electorales universitarios.

En su exposición, donde informó sobre el último proceso electoral desarrollado en la Universidad Nacional de Piura (UNP), rechazó las afirmaciones formuladas en torno a que la Sunedu interviene en las decisiones académicas de las universidades.

"Hay un respeto irrestricto a la autonomía universitaria. Me parece lamentable que se diga que nosotros decimos qué cosa tienen que enseñar las universidades. El respeto irrestricto a la autonomía académica, a la actividad administrativa, económica y de gestión, lo tenemos muy claro y nunca hemos intervenido en las competencias de la universidad. Las posiciones políticas las respetamos, pero no las compartimos".

Por su parte, el director de Supervisión de la superintendencia, Fernando Lazarte, aclaró que esta no interviene en el proceso de elecciones de autoridades universitarias, sino verifica que el proceso se realice conforme a lo establecido en la Ley Universitaria.

Denuncia de irregularidades

Sostuvo que en el caso de la Universidad Nacional de Piura la SUNEDU actuó en respuesta a denuncias presentadas. La Defensoría del Pueblo y la Oficina de Control Institucional de la UNP publicaron informes sobre acciones irregulares en dicho proceso electoral.

"Nosotros no intervenimos ni tenemos la capacidad de ordenar la nulidad del proceso electoral, eso lo hace la universidad en el marco de sus competencias", precisó Lazarte.

La Sunedu, en el contexto de sus facultades recogidas en la Ley Universitaria, verifica el correcto cumplimiento de la implementación de los procesos electorales, con el objetivo de promover la protección de los derechos de docentes y estudiantes a participar en el gobierno de las universidades públicas y garantizar la legalidad de sus resultados.

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