Se evidenció que en zonas más vulnerables se desconoce sus derechos: En la región Lambayeque, autoridades y funcionarios relacionados al ámbito judicial de familia y comunidad participaron del "Encuentro distrital preparatorio rumbo al Pleno Nacional de Familia-2017" realizado por esta Corte Superior y el Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
El acto inaugural estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, quien abordó como tema central la desprotección familiar, el archivamiento de procesos de investigación tutelar con declaración de abandono sin promoción de adopción; la declaración de abandono y pérdida de la patria potestad; el cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 249 del código del Niño y el Adolescente para la declaración judicial de estado de abandono; y la competencia para aplicar la variación de las medidas de protección en las investigaciones tutelares desarrolladas en el Poder Judicial.
El coordinador del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, Cástulo Rojas Díaz, señaló que este certamen ha permito crear un espacio de debate para la construcción de conocimientos científicos jurídicos en materia judicial sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes al amparo del Decreto Legislativo Nº 1297.
Como se recuerda, el Consejo Ejecutivo institucionalizó al "Programa Nacional de Justicia en tu Comunidad" como un programa de proyección social para brindar servicio de apoyo a la comunidad, a través de la creación de espacios informativos, capacitación, coordinación y concertación, para la difusión de valores democráticos y el respeto de los derechos.
Los jueces del Poder Judicial evidenciaron que las poblaciones de su entorno en las zonas más vulnerables y necesitadas del país desconocían sus derechos y los mecanismos de acceso a la justicia.
Conclusiones
El certamen se desarrolló en tres mesas de trabajo, en las cuales se llegó a las siguientes conclusiones:
Sobre el acogimiento familiar se debe de tener por finalidad establecer las relaciones familiares, teniendo en cuenta que en toda decisión del Estado prevalece el interés superior del niño, niña y adolescente (NNA) con miras a la reintegración del mismo a su familia de origen.
Ante esto, resulta necesario que se agoten todos los mecanismos sociales, educativos, psicológicos para obtener soluciones efectivas intrafamiliares con fines de reintegración familiar.
En relación a la declaración de abandono y pérdida de la patria potestad, se deben establecer procedimientos pormenorizados, previos a la declaración del estado de desprotección del menor con el objetivo de agotar esfuerzos para fortalecer la política familiar.
Estos protocolos deben ser elaborados con la participación de todos los sectores involucrados: Ministerio Público, Poder Judicial, Equipo Multidisciplinario, Ministerio de La Mujer y Comisaría de la Mujer; además de contar con los funcionarios de acreditada experiencia en el desarrollo de estos temas, incluyendo el tema de prevención a través del apoyo multidisciplinario para los padres, tutores o responsables del cuidado de los menores, buscando la mejoría del estado emocional del núcleo familiar con el fin último y primordial de que el menor permanezca en el seno familiar.
Agotadas todas las posibilidades antes referidas, como última opción se dará la perdida de la patria potestad, la que procederá como previo pedido de parte del Ministerio Público a fin de salvaguardar la integridad del menor.
En cuanto al cumplimiento de plazos establecidos en el artículo 249 del Código del Niño y el Adolescente para la declaración judicial de estado de abandono, se deben implementar planes pilotos en los lugares de mayor incidencia para la aplicación de la nueva ley y la delegación de facultades al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), para luego proceder a su inmediato cumplimiento a nivel nacional y que de esta manera se puedan asumir las competencias que le corresponde como ente rector.
La autoridad administrativa es aquella que dicta las medidas de protección, mientras que el juez tiene la posibilidad de variar dicha medida. Asimismo, estas medidas pueden ser impugnadas.
Se debe mantener la competencia del Poder Judicial con intervención del Ministerio Público, considerándose la posibilidad de implementar una red de trabajo interinstitucional para fortalecer el trabajo del equipo multidisciplinario que permita la orientación de los padres como responsables del niño, niña y adolescente; para lograr su efectiva reintegración familiar considerando la adopción como ultima ratio.
Finalmente, se anunció que el próximo encuentro será el 7 de mayo del año en curso, con la instalación de una Mesa Itinerante en la Municipalidad de Jayanca. Se abordarán temas de alimentos, rectificación de partidas y filiación.
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