No sabemos hasta dónde pueden llegar los argumentos del defensor de un acusado por terrorismo. Lo que sí es cierto es que Ronald Gamarra, director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se pasó de la raya cuando justificó ayer el pago de una indemnización a la terrorista estadounidense Lori Berenson.

Para el ex procurador del régimen toledista, la responsabilidad de este pago, superior a los $30 mil, fue de Alberto Fujimori, pues éste la procesó en un tribunal militar sin respetar sus derechos, al igual que a otros terroristas.

"Más allá de que nos guste o no la decisión de la Corte Interamericana (de ordenar el pago), el gobierno (de Fujimori) procedió de manera incorrecta al procesarla en la vía militar... No me gusta esa decisión, aunque la considero justa", remarcó.

A su juicio, la cancelación de dicha suma a la subversiva "no es complacencia, sino respeto a las obligaciones internacionales".

La parlamentaria de Unidad Nacional (UN) Lourdes Alcorta argumentó que en la época de la violencia terrorista los jueces sin rostro y los tribunales militares eran necesarios, debido a que la mayoría de jueces comunes era blanco de amenazas.

"En esa época, un juez no se iba a atrever a sentenciar a terroristas... Es fácil hablar hoy", indicó.

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