PUCP emitió comunicado ante acusación constitucional contra magistrados del TC y fiscal de la Nación


PUCP emitió comunicado ante acusación constitucional contra magistrados del TC y fiscal de la Nación

Congreso tiene el deber de consolidar democracia y respaldar lucha anticorrupción: La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Remarcó que el Estado peruano y sus órganos políticos, incluido el Congreso, tiene el deber moral de respaldar la lucha contra la corrupción.

"Los congresistas no deben impedir el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos de corrupción ni hostilizar a los altos funcionarios públicos a cargo de la acción penal en contra de la corrupción", refirió a través de un comunicado.

Como se recuerda, la bancada de Fuerza Popular, a través de su vocero Daniel Salaverry, presentó una denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público, al igual que la parlamentaria no agrupada, Yeni Vilcatoma.

Ambas son vistas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

La PUCP subrayó que los congresistas "tienen el deber patriótico de consolidar y proteger la vida democrática del país".

"La sociedad peruana, que les dio su representación, tiene el derecho de exigirles que respeten la separación de poderes y los procedimientos constitucionales que norman las funciones de los diversos órganos del Estado", afirmó.

Asimismo, señaló que los miembros de todas las agrupaciones políticas de la República "tienen el deber de respetar la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación".

"Quienes intervienen en política, deben estar expuestos al escrutinio público y demostrar la limpieza de su actuación, sin excepción alguna. La libertad de prensa garantiza que la mayoría de los delitos cometidos en el Perú y en el mundo puedan ser conocidos por la ciudadanía", indicó.

Agregó que la responsabilidad de cada grupo político y cada gobernante "es resguardar el bien común y contribuir al desarrollo del Perú y de los peruanos, en el marco de la Constitución y las leyes".

"En ese propósito, deben desterrar de su conducta cualquier actitud que colisione con los principios democrático constitucionales. En especial, tienen el deber de demostrar que su conducta rechaza abiertamente cualquier forma de tiranía, llevada a cabo por personas o grupos", acotó.




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