Los últimos de la clase [EDITORIAL] www.elcomercio.pe


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La intransigencia de autoridades regionales y sectores sindicales perjudica a los alumnos: Ayer se cumplieron 40 días desde que se inició la huelga de maestros que viene afectando a cerca de un millón de estudiantes en diversas regiones del país. Según el Ministerio de Educación (Minedu), hasta el último fin de semana, más del 50% de los docentes escolares en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima provincias, Madre de Dios, Moquegua, Cusco y Puno habían paralizado sus labores.

El principal reclamo de los maestros es un incremento inmediato del piso salarial a S/2.000. Actualmente este es de S/1.780 para los docentes nombrados que cumplen con 30 horas pedagógicas semanales, luego de que un incremento realizado en marzo lo elevara a esa cantidad desde los S/1.260 previos (el mismo aumento está programado, desde agosto, para los docentes contratados). Además, se exige que el mínimo salarial continúe incrementándose progresivamente hasta llegar al valor de una UIT (S/4.050).

La ministra de Educación, Marilú Martens, ha advertido que si la huelga llega a los 60 días, los estudiantes podrían perder el año escolar. También ha indicado que un aumento del piso salarial a S/2.000 está programado para inicios del 2018, pero que hacerlo inmediatamente no es posible pues contravendría el presupuesto ya aprobado para el presente año. Una explicación que, si bien no satisface del todo el reclamo de los maestros, sin duda parece razonable. Sobre todo si se considera, por un lado, el aumento ya realizado este año y, por otro, que solo con incrementos progresivos y planificados como estos es que las mejoras salariales pueden ser sostenibles en el tiempo (a diferencia, por ejemplo, de bonos excepcionales o retribuciones no pensionables).

Sin embargo, ello no ha bastado para que el Minedu y los sindicatos que lideran las huelgas lleguen a un acuerdo. Lejos de eso, en los últimos días algunos sectores han adoptado una postura intransigente (rechazando cualquier alternativa que no signifique un aumento salarial inmediato y condicionando el cese del reclamo a la postergación de las evaluaciones de desempeño a los docentes) y han pasado de la protesta a la violencia. En el Cusco, hace poco más de una semana un grupo de profesores derrumbó un muro del aeropuerto Velasco Astete. Actitudes similares se observaron también en Puno, en donde el último jueves algunos maestros intentaron ingresar al aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca y, tras no lograrlo, quemaron llantas en los exteriores del recinto y destruyeron parte del cerco perimétrico; y en Junín, en donde, ayer, los manifestantes bloquearon con piedras una pista de aterrizaje del aeropuerto Francisco Carlé (Jauja).

Como ya hemos expresado varias veces en esta página, los actos de violencia como los antes descritos pervierten lo que podría ser un reclamo legítimo, no tienen excusa y merecen ser sancionados. En ese sentido, es positivo que la procuraduría del Ministerio del Interior haya anunciado ya la interposición de denuncias penales.




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